En los últimos días, diversos medios difundieron documentos que muestran cómo el gobierno de María Eugenia Vidal pensaba denunciar a trabajadores del Astillero Río Santiago, con el fin de lograr su cierre. Los planes se hicieron en el marco del escándalo denominado “Gestapo antisindical”, que reunía a empresarios y funcionarios de la gestión macrista para supuestamente armar causas contra organizaciones gremiales.

En el documento, que es casi un manual para desacreditar a los obreros y su representación gremial del astillero, se muestra la forma en que se planificaba el ataque a los sindicatos en general y los empleados del principal constructor de barcos del país en particular.

En declaraciones periodísticas, el secretario general de ATE Ensenada y delegado en Astillero Río Santiago, Francisco «Pancho» Banegas, dijo no estar sorprendido, y agregó: «Esta situación hacia la organización gremial, después del golpe de 1976 es algo nunca visto. Se buscó debilitar el Astillero pero no venían por un dirigente, venían por toda la organización gremial y los trabajadores».

Detalles del plan

Por un lado, estaba la llamada «Agenda Integral», la cual consta de tres puntos que en su conjunto buscaban quebrar la resistencia de los operarios y su gremio para bajar los salarios y flexibilizar sus condiciones de empleo. Esas tres aristas eran la económica, la judicial y la pública.

En la económica se detallan los derechos laborales a recortar: comedor, vacaciones, partes del sueldo, jubilaciones, los «dispensados», la nocturnidad y las licencias gremiales. Más tarde llegarán los despidos y hasta se habla de un cierre total.

En las otras se preveía una primera denuncia en los juzgados, que sería filtrada a los medios y luego reforzada por una denuncia de asociación ilícita, que también llegaría a los medios afines para «convencer» a la opinión pública.

El objetivo era un fuerte ataque a ATE Ensenada y las gestiones anteriores de Astilleros. En los documentos que circulan se le pide a los funcionarios de turno «proactividad para recepción e investigación de posibles ilícitos», y recomienda una serie de «denuncias penales de hechos ilícitos».

También pide que se filtren en off hipotéticas «amenazas» de trabajadores a directivos y supuestos «discursos que atenten contra el orden democrático».

«El objetivo era el desprestigio»

Ante el conocimiento de los documentos, Banegas relató que hubieron «denuncias infundadas; se avanzaba sobre las vacaciones, el cobro de premios, el aumento salarial, para ellos era un privilegio para no­sotros eran derechos».

«Buscaron cortarnos las licencias gremiales, no pagar los salarios a los dirigentes, las retenciones que eran derecho de los trabajadores, es decir, debilitar a la organización gremial», agregó.

Así mismo, agregó que “salimos a la calle a defendernos para que no cierren nuestros puestos de laburo porque lo que nos hicieron era paralizar las obras para el cierre del Astillero. El objetivo era el desprestigio, tratándonos de vagos, que no hacíamos nada, que perdía dinero la Provincia y creo que ese fue el objetivo claro, cerrar el Astillero».

«Había que resistir y resistimos, entregando todo, eso nos ha hecho víctimas de la política y de la Justicia, y le pusimos el pecho y salimos adelante. Ahora con este nuevo gobierno nuevamente estamos avanzando, no con la rapidez que nos gustaría pero viendo cambios alentadores», planteó.

En cuanto a los dichos del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en torno a conformar una «Gestapo» para perseguir a los gremios, Banegas sentenció: «Es repudiable. Me sorprende semejante comentario de un funcionario que cuando vos te sentabas a hablar venía con el discurso del diálogo, de resolver los problemas consensuando, y con las actitudes demostraban lo contrario».