La decisión del juez se da a conocer luego que la Cámara Federal revocó los procesamientos del intendente de La Plata, Julio Garro; del exministro de Trabajo Bonaerense Marcelo Villegas y el senador provincial Juan Pablo Allan, entre otros.

También están involucrados los ex funcionarios de la AFI Darío Biorci y Juan Sebastián De Stéfano.

Ahora, el juez dispuso medidas para seguir con la investigación de la supuesta persecución política a sindicales opositores. El estado de la causa «vuelven indispensable en esta instancia adoptar un temperamento expectante en torno a los nombrados y disponer al respecto la realización de una serie de medidas de prueba con el objetivo de esclarecer los hechos objeto de investigación», consideró.

No obstante, el fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión y ahora la causa otra vez quedará bajo estudio de la Cámara Federal.

La causa se inició el 27 de diciembre de 2021 por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pues la interventora Cristina Caamaño acusó haber encontrado una serie de «archivos audiovisuales» en oficinas del organismo.

Entre ellos, un video de una reunión entre funcionarios macristas de la gestión de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de inteligencia en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires el 15 de junio de 2017.

«Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», se lo escuchó decir al entonces ministro de trabajo Bonaerense.

En ese sentido, se les pedía a los empresarios que denuncien al sindicalista «Pata» Medina por los supuestos aprietes que aquellos recibían de él, y que ya tenían todo hablado con la Procuración, la fiscalía y un juez.

Mientras tanto, la exgobernadora Vidal, el 21 de diciembre publicó en su cuenta de Twitter que estaba analizando con un equipo de especialistas el decreto.

Ya en plena navidad, la diputada nacional de Juntos por el Cambio salió a respaldar el DNU del Gobierno que desregula la economía y consideró que el Congreso «debería aprobarlo».

«Estoy de acuerdo con el contenido del DNU. La derogación de la ley de alquileres y la eliminación de las multas de los juicios laborales son cambios positivos. Nosotros los hubiéramos hecho si Patricia (Bullrich) u Horacio (Rodríguez Larreta) fuesen presidentes. Debería aprobarse», afirmó en un comunicado.