Por Mariano Martín

El sindicalismo internacional tomó como propia la denuncia contra la administración de Mauricio Macri por supuesta persecución a dirigentes y advirtió que ese tipo de maniobras pudo tener un carácter regional, una suerte de “Plan Cóndor” antigremios llevado adelante por gobiernos de derecha. Así lo advirtió la Central Sindical de las Américas (CSA) tras una reunión que mantuvo ayer con la CGT y las dos versiones de la CTA, en la que se acordó iniciar una campaña internacional de difusión del caso argentino.

El encuentro de ayer, de carácter virtual, fue la mayor repercusión hasta ahora fuera de las fronteras del escándalo político derivado del video en el que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, coordina junto a empresarios de la construcción, funcionarios de la AFI y el intendente de La Plata, Julio Garro, una acción para acorralar judicialmente al sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina. El debate incluyó a representantes de la Confederación Sindical internacional (CSI). Uno de los ejes fue destacar el valor del registro fílmico por primera vez de una operatoria que, según los dirigentes, se repitió en Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Honduras, entre otros países de la región.

La deliberación contó con la participación del brasileño Rafael Freire Neto, secretario general de la CSA, el paraguayo Víctor Baez, adjunto de la CSI, y los argentinos Hugo Yasky y Roberto Baradel, de la CTA de los Trabajadores; Ricardo Peidró y Adolfo Aguirre, de la CTA Autónoma, y la abogada Marta Pujadas en representación de la secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT.

La alocución de Freire Neto, informado con antelación del caso por los gremialistas argentinos, giró en torno de la sospecha de que maniobras como las evidenciadas en el video filmado por la AFI fueron generalizadas en la región, con la salvedad de que por primera vez quedó un registro con audio e imagen.

En lo central los dirigentes coincidieron en señalar que el grado de persecución expuesto en la reunión filmada en una sede porteña del Banco Provincia tuvo como objeto no sólo acorralar a dirigentes no alineados con la gestión de Macri sino, sobre todo, avanzar hacia una política de desarticulación de la normativa laboral protectora de los trabajadores que todavía rige en la Argentina. “Es una metodología del todo clara y que constituye una confesión pedagógica de la utilización de los aparatos de inteligencia, el Poder Judicial, los grandes medios y los grupos empresariales para acorralar al movimiento sindical” le reseñó Yasky a este diario.

A partir del análisis de ayer se resolvió lanzar una campaña global para dejar expuesto “un plan que no era sólo antisindical sino en contra del mismo Estado de Derecho”, amplió Yasky, y que incluirá denuncias de las centrales gremiales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), el foro donde Alberto Fernández asumió como presidente días atrás. Además de las denuncias políticas y judiciales las centrales obreras se comprometieron a lanzar un programa publicitario con recortes del video de Villegas y las denuncias de dirigentes sindicales perseguidos para enviar al exterior, en particular a países de Europa y América del norte, con énfasis en el deseo enunciado del funcionario de contar con una “Gestapo” antigremios.

En el plano local Freire Neto anunció que enviará notas informativas a Alberto Fernández, al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y a las máximas autoridades del Congreso nacional. En particular pedirá comparecer ante las comisiones legislativas encargadas del seguimiento del caso judicial para exponer la tesis de una maniobra de alcance regional.