Aseguran que en el máximo Tribunal les dijeron que no habrá otros fallos que afecten el control de los sindicatos.
A raíz de una demanda que inició ATE en Salta, en junio pasado la Corte declaró inconstitucional la exclusividad de la representación laboral a los sindicatos que poseen la personería gremial. El fallo solo se aplica a ese caso, pero en la CGT temieron que la Corte avanzará aún más por ese camino.
En simultáneo con sus criticas públicas a la sentencia, los dirigentes de esa central sindical iniciaron gestiones con la Casa Rosada -se reunieron con el ministro de Trabajo Carlos Tomada- y con la Corte Suprema de Justicia. En el máximo tribunal los sindicalistas tienen un viejo conocido: su titular, Ricardo Lorenzetti, fue abogado de diferentes gremios, como la UOM, el de la Carne y el de la Leche.
En la Corte los sindicalistas justificaron la existencia del monopolio de la representación gremial: “Entre los docentes y los trabajadores estatales no hay problema que haya varios sindicatos, pero en la industria es algo peligroso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una planta automotriz están por un lado los mecánicos, por el otro los vidrieros y por el otro los del neumático? Seguramente lo que sucedería es que esa automotriz se mudaría a Brasil”.
Con la señal de que por ahora no habría más sentencias similares, en la CGT empezaron a trabajar en un proyecto de ley que les permita mantener el monopolio de la representación sindical. En la redacción de ese proyecto trabajan los abogados laboralistas Alberto Tomassone, Marta Pujadas y Federico West Ocampo, dijeron las fuentes consultadas.
Pese a la tranquilidad que les trasmitieron desde el superior tribunal, en la CGT siguen furiosos: “ No puede ser que la Corte nos esté marcando lo que debemos hacer gremialment e”, sostuvo un miembro de la conducción cegetista. “Van a terminar involucrando a todo el movimiento obrero con algo que pasó en Salta”, agregaron.
ATE, el gremio que logró la sentencia, está enrolada en la CTA rebelde. En la CGT sospechan que el fallo de la Corte estuvo impulsado por un secretario letrado que habría estado vinculado a la CTA.
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