- Por Juan Manuel Barca

El Ministerio de Salud, encabezado por Ginés González García, trabaja por estas horas con tres escenarios de cara a la pandemia: el primero es de crecimiento rápido del contagio (como ocurrió en Italia), el segundo es un intermedio, y el tercero de expansión lenta o moderada (el más cercano a la situación actual).

La cuarentena total se propone impedir una aceleración del ritmo de infecciones, como reconoció el jueves Alberto Fernández, mediante el aislamiento obligatorio. El objetivo es evitar una explosión del sistema de salud y contener el COVID-19, que hasta este sábado ya infectó a 225 personas y suma cuatro muertes. La decisión llegó después de varios cortocircuitos.

A fines de enero, el ministro de Salud había asegurado: "No hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina". Hubo que esperar hasta el 3 de marzo, poco más de un mes, cuando apareció el primer caso, importado de Italia, para que todo cambiase. Desde entonces, el Presidente comenzó a aplicar medidas restrictivas en forma gradual de la mano de un comité de notables y coordinó acciones con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Pero el plan tampoco dio los resultados esperados, por lo que el jueves pasado se tomó la decisión drástica de confinar al grueso de la población y poner las calles bajo control de las fuerzas de seguridad, con la intervención en tareas asistenciales y logísticas de las Fuerzas Armadas.

El giro en la estrategia oficial se debió a varios motivos. En primer lugar, las cifras de infectados empezaron a mostrar una pendiente más pronunciada el miércoles de la semana pasada. Los márgenes "grises" del aislamiento voluntario, en tanto, fueron otro factor que motivó un endurecimiento de los controles.

Los empleados de aduana, sin acceso a barbijos, se tomaron a golpes de puño el lunes pasado con pasajeros de un ferry de Buquebus que llegó de Uruguay con 43 extranjeros -muchos de ellos españoles- pese a la prohibición del ingreso de turistas provenientes de "zonas de riesgo". La sensación de descontrol se apoderó de los funcionarios el jueves con las imágenes de un automovilista con 38 de fiebre que fue enviado a su casa y otras de una caravana en dirección a Pinamar.

Pero hubo otras razones adicionales que influyeron en la decisión de Fernández. La Casa Rosada venía observando un desmadre en el interior, con la suspensión unilateral de clases y el cierre de fronteras en Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, Misiones y Chaco, en desacato de las directivas bajadas desde el Poder Ejecutivo. Algunas, incluso, decretaron por su cuenta el aislamiento obligatorio.

La conformación de un gabinete federal y la convocatoria a todos los gobernadores para declarar la cuarentena apuntó así a frenar las señales de anarquía propiciadas por las urgencias locales y neutralizar las tensiones con uno de los sectores que desafiaba las órdenes de la Casa Rosada.

Ahora, el Gobierno deberá afrontar sobre la marcha otros focos de tirantez. Uno de ellos es la puja con las clínicas y sanatorios privados, que buscan el aval oficial para reducir el nivel de atención a los pacientes ordinarios.

Ese sector también se queja por la escalada en los precios de los insumos y reclamó un alivio fiscal por el impacto económico de la pandemia en su actividad.

La CGT, por otra parte, solicitó la devolución de fondos millonarios a las obras sociales y los sindicatos del personal médico mantienen una pulseada abierta con las autoridades por la exposición de sus afiliados en la primera "línea de fuego", el faltante de insumos y el congelamiento virtual de las paritarias.

Todos, en definitiva, piden una mayor participación en el plan de emergencia que ahora ingresó en una nueva etapa. Así, la administración enfrenta una serie de desafíos en su guerra contra el denominado "enemigo invisible". Estos son algunos de los principales ejes de discusión:

1. ¿Alcanza el plan de emergencia?

Uno de los principales condicionantes son los recursos en manos del Gobierno en un escenario de recesión y déficit fiscal, bajo la presión de los acreedores. La información que maneja el equipo del ministro de Salud es que el pico de contagios ocurrirá de acá a entre 10 y 15 días, un período que pondrá a prueba el sistema sanitario y la propia economía.

"Si se entra en esa fase, la idea es que haya la menor cantidad de casos posibles", dicen en la Rosada. En línea con las políticas adoptadas por Donald Trump y la Unión Europea, el Gobierno dispuso una batería de medidas que incluyó un paquete de créditos y subsidios por $600.000 millones para amortiguar el impacto económico de la emergencia.

En materia de salud, la Rosada cuenta con fondos por $5.000 millones para la provisión de insumos y tecnología para enfrentar la pandemia. Se trata de una partida de $1.750 millones que el jueves fueron asignados a gasto de capital, equipo sanitario y de laboratorio, e insumos para el instituto Malbrán, junto a créditos internacionales por u$s35 millones.

La gran incógnita es si estas partidas serán suficientes para atender la eventual oleada de infectados prevista para abril. Italia, en donde ya se registraron más de 41.000 casos, dispuso una ayuda extraordinaria de 25.000 millones de euros; España, con 18.000 infectados, autorizó 3.800 millones de euros; y Estados Unidos, con 13.000 afectados, liberó u$s50.000 millones.

Frente al avance de la epidemia, una de las preocupaciones más urgentes de las autoridades es expandir la capacidad instalada del sistema de salud. Las cifras oficiales indican que hay 166.000 camas habilitadas, de las cuales la mitad se distribuyen entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, donde se concentra la mitad de la población del país.

De ese total, unas 8.600 son de terapia intensiva, un número que buscan ampliar a 10.000. Para ello, el área de Salud avanza en la habilitación de hospitales en seis municipios de la provincia de Buenos Aires, la disposición de camas en el sector privado y la ocupación de hoteles sindicales junto a instituciones militares.

"Estamos trabajando en una resolución para disponer de las camas del sector privado", confirmaron a iProfesional fuentes del Gobierno. Las inminentes medidas incluirían la postergación de las prácticas no urgentes durante la pandemia, de modo de que las camas de terapia intensiva sean destinadas para los casos de coronavirus.

Estos lineamientos fueron expuestos durante una reunión que mantuvo el lunes el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, y sus secretarios Arnaldo Medina y Alejandro Collia, con los dirigentes de los gremios de empleados estatales ATE y UPCN, y la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa).

2. Los ojos, en el sistema de salud

La inversión en salud en Argentina alcanza el 9,4% del PBI, uno de los niveles más altos en América Latina. De esa cifra, el sector público aporta un 70% (incluyendo el gasto en seguridad social), mientras que el resto corresponde al sector privado, según datos de la OPS/OMS. En relación al gasto total, en cambio, los fondos públicos ejecutados en 2020 representan solo un 4%, de acuerdo con los datos de Hacienda.

Por otra parte, el sistema sanitario es uno de los más fragmentados de la región. Está compuesto por el sector público, las obras sociales y el sector privado. El primero atiende a tres de cada 10 personas en forma gratuita, el segundo cubre a los empleados registrados con aportes y el tercero a quienes acceden a una cobertura paga. Así, el sector no público recibe a siete de cada 10 personas.

En ese escenario, la expansión de la pandemia encendió el alerta entre las empresas de salud privada, que piden ser recibidas por el Gobierno. En la última reunión de la Unión de entidades Argentinas de Salud (UAS), el titular de la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas, José Sánchez, arrojó un dato que generó preocupación: el 80% de los pacientes sospechados de tener coronavirus están en el sector privado.

La explicación es que los infectados llegaron en avión o barco del exterior, un perfil que coincide con el estrato social de los consumidores de prepagas y sanatorios privados. "Deberíamos formar parte de comité de expertos a nivel nacional, pero no nos han llamado", se quejó un miembro de la UAS en declaraciones a iProfesional.

La administración de los recursos es uno de los puntos que más genera tironeos. El Ministerio de Salud le pidió un relevamiento a los privados de las camas disponibles y los respiradores. De las 160.000 camas disponibles a nivel nacional, 70.000 están en el sector privado. El problema, señalan en el sector, es que el 80% están siendo utilizadas para atención normal, desde partos hasta tratamientos oncológicos.

Por eso, uno de sus principales reclamos de los privados es que se suspendan las prácticas no urgentes para priorizar la atención de la pandemia. De lo contrario, cuando llegue el pico en abril, podrían faltar las camas necesarias. Su criterio es no "malgastar" en pacientes sanos o con un nivel de infección leve.

Proponen que los casos sospechosos reciban atención domiciliaria en lugar de ocupar las instalaciones o ser derivados a los hoteles. De esa manera, habría más espacio y recursos humanos -estiman- para atender los casos más graves.

A nivel global el 81% de los casos de COVID-19 parecen presentar un cuadro leve, 14% parece evolucionar a un cuadro grave y cerca de 5% son críticos, por lo que requieren oxígeno y ventilación mecánica. Si bien son los menos, los empresarios creen que los recursos son escasos y que es difícil que se construyan a tiempo los hospitales para ampliar las camas. "No somos China, por ahí tardamos 60 días en tener los hospitales listos y acá hace 15 días Ginés decía que no pasaba nada", disparó un empresario.

Sin embargo, la UAS recibió con beneplácito la cuarentena. Era uno de los sectores que venía exigiendo una intervención más fuerte del "comandante en jefe", como lo apodaron a Fernández. Como la salud es responsabilidad de cada provincia y los municipios, las entidades privadas veían que las decisiones se estaban tomando en forma caótica, con medidas de diferente alcance.

También le pidieron al Ejecutivo nacional un mayor control en los precios de los insumos (los barbijos comunes en enero pasaron de $1,90 a $59,80 y las mascarillas especiales N95 de $85 a $265, un 3.000% y un 200%, respectivamente) y beneficios fiscales. El Gobierno les envió una señal el viernes al fijar precios máximos y reducir las contribuciones patronales de las empresas de salud.

Las entidades privadas, por otra parte, mantienen una dura pelea con los trabajadores de la salud, quienes reclaman una ampliación de las licencias. El Ejecutivo extendió el viernes el régimen de personal esencial a otros sectores (fuerzas de seguridad, el transporte, industria y alimentación) que de esa manera quedan excluidos del aislamiento obligatorio, así como de las licencias de trabajo por 14 días en el sector público y privado para mayores de 60 años, embarazadas y empleados con afecciones crónicas.

3) Trabajadores, en alerta

En su primera reunión con los gremios de la salud, el Gobierno reconoció el lunes pasado que hay ciertas dificultades en la disponibilidad de elementos de protección, por lo cual se iba a dictar la prohibición de exportación de esos materiales y disponer de fondos para compras parcialmente centralizadas de dichos insumos. Las autoridades, a su vez, reconocieron también que la provisión era un tema "estratégico" y se comprometieron a garantizar los elementos necesarios para atender la emergencia.

El Ministerio de Salud publicó las normas de uso y el stock necesario para equipos de protección de los trabajadores sanitarios. Estos son los barbijos N95, camisolín, guantes y gafas. Pero los sindicatos denuncian que en varios hospitales y centros de atención son escasos los insumos.

Tienen motivos para estar preocupados: ellos son los más expuestos. En el Hospital Piñeiro, en Bajo Flores, tienen lavandina, alcohol en gel y barbijos hasta el miércoles. Los médicos bonaerenses se preparan para un "crecimiento exponencial" de casos, mientras que sus pares del Hospital de Niños en Tucumán realizaron el jueves una protesta. "Necesitamos médicos: somos dos, necesitamos cinco", rezaba una pancarta.

Los profesionales saben que corren riesgos. Por ello, exigen medidas de seguridad urgentes antes de que sea demasiado tarde. "Tenemos médicos enfermos, en Capital Federal hay seis o siete en estudio o en cuarentena esperando a ver si están contagiados y uno confirmado, que fue el que atendió al paciente que murió en el Hospital Argerich", dijo a iProfesional el titular de la Asociación de Médicos de Argentina (AMRA) que representa a 6.000 afiliados en el país.

La entidad se reunió con las cámaras privadas para promover que se designe personal en los ingresos a los establecimientos para determinar según la gravedad del caso la derivación del paciente al sector correspondiente antes de su internación.

Una de las regiones más complicadas por el coronavirus es Chaco, donde hace pocos días se conoció el primer caso autóctono. Si bien la Ciudad y Buenos Aires concentran más de la mitad de los casos, la provincia del norte registra más de 15, con una población mucho menor y epidemias graves como la del dengue.

Allí, las reuniones entre sindicalistas y funcionarios son más tensas. Por empezar, faltan barbijos y hasta jabón. Las autoridades nacionales reconocen, además, que las camas son escasas para la población y la expectativa de infectados. Un déficit cuyo origen se remonta a la reforma del Estado en los '90, cuando se descentralizó la salud en provincias y municipios, reduciendo el gasto en salud y perjudicando a los distritos con menores recursos económicos.

Las licencias es uno los puntos que genera más discusión con la cartera de González García. Los gremios piden un esquema de trabajo similar al de Santa Fe, que permite a los trabajadores gozar de las licencias parentales en forma rotativa. Tucumán dispuso que los empleados con diabetes cambiaran de lugar, en lugar de licenciarlos. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), en tanto, se quejó porque les negaron la licencia por embarazo a las trabajadoras en las guardias.

"Le pedimos orientación al Ministerio de Salud, que saquen una resolución ampliatoria y más taxativa sobre licencias parentales para salud", dijo el titular de Fesprosa y secretario de interior de la CTA, Jorge Yabkowski.

Hoy, el sistema sanitario cuenta con 700.000 trabajadores en 27.600 establecimientos asistenciales, la mitad en el sector público y la otra en el privado. De ese total, un tercio son profesionales de la salud, otro tercio empleados estatales (ATE y UPCN) y otro tanto empleados privados (Sanidad).

Las plantillas todavía no se recuperaron de los despidos bajo la gestión de Mauricio Macri. El Hospital Posadas empezó en marzo a retomar a los cesanteados de a 30 por mes hasta completar los 200. El otro problema, según los sindicatos, es que un 30% del personal está precarizado bajo contratos de locación y figuras como el monotributo.

"Tienen razón, pero vamos a discutirlo después de la epidemia", les respondió el lunes pasado el jefe de gabinete de Salud.

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo autorizó este viernes a los empleadores a reorganizar la jornada de trabajo para garantizar la producción de dichas actividades y dispuso que las horas suplementarias que resulten de la emergencia tendrán una reducción del 95% de la alícuota de las contribuciones patronales destinadas al sistema previsional, tal como anticipó iProfesional.

Las mayores exigencias, sumadas al estrés por la falta de recursos, llevó a que los gremios incrementaran el pedido de un plus salarial extraordinario en las últimas horas. La CICOP, por caso, denuncia desde febrero que los profesionales perdieron un 35% del salario y reclamaron la aplicación de la cláusula gatillo, que Fernández ordenó dar de baja en las paritarias.

En el sector privado, en cambio, las clínicas y sanatorios se disponen a firmar un acuerdo para otorgar un aumento a los empleados de sanidad por la paritaria del 2019. Desde junio de ese año a diciembre pasado, los salarios subieron un 32% y la inflación alcanzó un 53,8%.

En enero se pagaron $3.000 no remunerativos y el último tramo del 2% se abonó en febrero. Ese mes estaba pautada la revisión del convenio, pero las empresas se negaron y tampoco pagaron los $4.000 decretados por el Gobierno. En las últimas horas, sin embargo, aceptaron reponer los 20 puntos porcentuales de diferencia a partir de marzo. La idea es otorgar un incremento de $4.000 en hasta tres tramos, que absorba el aumento oficial y lo incorpore al básico, de manera que incida en los adicionales.