El sindicalismo logró que se empiece a discutir el reparto del Presupuesto, en especial con el dinero de uno de los programas que solventan al sistema de salud sindical: el Fondo Solidario de Redistribución. Los caciques gremiales apuestan a que la Casa Rosada no deje caer a las obras sociales más pequeñas. Sin embargo, en el Ejecutivo ponen la lupa sobre el manejo discrecional de muchas de ellas y anticipan que están investigando si existen irregularidades en la rendición de cuentas del sistema de reintegros. La pelea política detrás de un tema sensible y las diferentes posturas.
Por: Juan Pablo Kavanagh.
Luego del paro nacional del jueves pasado, la relación entre el Gobierno y la CGT aparece cruzada por el látigo, sin puntos de contacto entre altos mandos.
Pero con el factor billetera de por medio: entre las lineas medias del oficialismo y del sindicalismo empezaron a intercambiar miradas sobre un fondo específico para las jaqueadas obras sociales, el dedicado a la discapacidad.
De parte del oficialismo, hay voluntad de diálogo sobre este punto específico pero con auditorías de por medio.
La huelga nacional que encaró la central obrera dejó más que conforme a la plana mayor de la calle Azopardo aunque sin contacto directo con los interlocutores de la Casa Rosada. “Tengo el teléfono prendido, estoy esperando que alguno me llame pero hasta el momento no me sonó el celular”, soltó uno de los caciques tras la segunda medida de fuerza contra la administración de Javier Milei en lo que va de 2024.
Existe tensión por algunos puntos que todavía no tienen vías de resolución, que tienen que ver con la reforma laboral y la reinstalación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
Paralelamente, desde el miércoles, tal como supo PERFIL, se empezaron a tejer relaciones entre integrantes de La Libertad Avanza y dirigentes cegetistas para analizar un presupuesto determinado que está dirigido a solventar las alicaídas obras sociales, el que compone el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). El objetivo de este fondo es reintegrar dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reintegros (el SUR).
No obstante, la mayor parte del presupuesto, dicen desde los gremios, se lo lleva todo lo relacionado a la atención de sus afiliados discapacitados, a los que se les debe proveer de educación y transporte, entre otros servicios, y por eso iniciaron charlas con el Gobierno para que el giro de plata sea más importante, sobre todo con una inflación que no da respiro. José Luis Lingeri, el miembro de la mesa chica de la CGT que mejor entiende del tema, expresó que el año pasado le pidieron a Alberto Fernández 132 mil millones de aporte extraordinario para el FSR y solo recibieron 70 mil millones. Cifras que ya no cierran para este 2024.
Sobre esta problemática, una voz libertaria al tanto de las charlas entre las partes reconoce que hoy el FSR se compone, aproximadamente, de unos 50 mil millones de pesos para este año y que casi 30 mil se los llevan los gastos en educación y transporte.
También, ofrece un detalle, para nada menor: que a partir de este año, desde la Superintendencia de Servicios de Salud, hoy a manos de Gabriel Oriolo (un exdirectivo de OSDE) empezaron mirar con lupa cada peso que se les reintegra a los gremios gracias al SUR.
Específicamente, en LLA mencionan que cada gremio presenta facturas que no tienen ninguna relación con los gastos supeditados al FSR.
“Algunos expusieron cualquier cosa”, dicen sobre el accionar sindical y agregan que por semana se auditan entre dos y tres obras sociales, con el fin de darle eficiencia al dinero erogado, que hasta abril de este año es de $ 3.081 millones, según consta en la web de la SSS, en un documento que posee 20 páginas y en el que se detalla cuánta plata se le giró a cada obra social por el FSR.
Incluso, hay un ranking que lo lidera la obra social de UPCN, colectivo gremial que conduce Andrés Rodríguez, seguido por Smata, de Ricardo Pignanelli, Comercio, de Armando Cavalieri, la UTA de Roberto Fernández, y la Uatre, de José Voytenco.
También, desde Balcarce 50 aclaran con mucho énfasis que esto no pone en juego su relación con los sindicatos, ni es una acción en contra de ellos, por un motivo de peso: a ninguna de las dos partes le conviene que el sistema “vuele por el aire”.
Por lo cual, están garantizadas nuevas conversaciones a partir de esta semana para ver qué salida existe.
A esa instancia, los representantes sindicales tratarán de asistir no solo con pedidos, sino además con la intención de que a través de los fondos disponibles se puedan solventar los medicamentos de altos costos.
Lingeri en contacto con este medio expresó que “gracias al SUR” se puede buscar una alternativa para los remedios que tienen mucho impacto en el ítem gastos. “La voluntad está, esperemos que esto lo atienda el Gobierno para superar las diferencias”, comentó el experimentado líder gremial.
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