La agenda de Federico Sturzenegger sigue el camino del achique del Estado y de su personal. Pocas semanas después de la oficialización de su desembarco en el Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado avanza en varios proyectos que modifican las condiciones de trabajo en el Estado, entre ellos un régimen de subsidios de hasta 12 meses para que las empresas privadas contraten a aquellos empleados sin funciones a partir de la eliminación o fusión de unos 60 organismos.

Según reveló Clarín, Javier Milei podría aprovechar la delegación de facultades que la Ley Bases le confirió al Ejecutivo por 12 meses. Esos poderes le permiten eliminar estructuras del organigrama estatal sin pasar por el Congreso, con excepción de un listado. También avanzar sobre la planta permanente, con el pase a disponibilidad del personal afectado por la restructuración o la reducción de órganos.

Según la normativa, los empleados que no sean reubicados deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado, con goce de sueldo.

Y una vez cumplidos los 12 meses, si el trabajador no formalizó una nueva relación laboral, será desvinculado e indemnizado. La nueva pata del plan de «racionalización» contempla la reubicación voluntaria del personal disponible en el sector privado mediante un régimen de «incentivos», aunque no será inmediato.

«Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿Qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame‘. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa», explicó el extitular del Banco Central esta semana en una entrevista con Radio Mitre.

En las últimas horas, el gremio ATE advirtió que el ministro busca eliminar organismos como el INADI, el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.

La iniciativa forma parte de la agenda del Consejo de Mayo que busca reglamentar la reforma laboral y reinstalar el capítulo laboral del DNU 70, frenado en la Justicia por un amparo de la CGT.