Por Facundo Chaves

El Ministerio de Seguridad amplió la denuncia en uno de los dos juzgados federales de Comodoro Py donde se investigan los testimonios presentados por presuntas víctimas de delitos como amenazas, extorsión y defraudación al Estado cometidos por piqueteros y sindicatos. Así como la semana pasada dominaron la agenda pública las acusaciones a líderes de organizaciones sociales, esta vez el foco estuvo en acciones ilegales cometidas por gremialistas en el marco del paro del 9 de mayo pasado.

En cuatro ampliaciones del ministerio que encabeza Patricia Bullrich que realizó en el juzgado de Ariel Lijo -que junto al juez Sebastián Casanello investigan estos hechos- se presentaron 40 testimonios recibidos al 134, el número telefónico gratuito que habilitó el Gobierno para denuncias. El equipo que investiga y releva los llamados -que superaron desde su inauguración los 150 mil- extrajo los que contaban con mayores indicios, solidez y también gravedad.

Entre los piqueteros mencionados en las denuncias figuran el Movimiento Evita, la Tupac Amaru que creó Milagro Sala, el Polo Obrero, la UTEP que fundó Juan Grabois, Libres del Sur, Izquierda Latinoamericana, Unión y Lucha Barrial, Evita Vive, el Movimiento La Dignidad y la organización 17 de Octubre. Pero lo que más llamó la atención fue el detalle y la cantidad de casos de amenazas y presiones que recibieron de sindicatos.

“Se recibió un caudal de denuncias de la ciudadanía respecto de algunas organizaciones sindicales y gremios que amenazaban al personal en sus ámbitos laborales obligándolos a la adhesión al paro nacional del dia 9 de mayo de 2024″, estableció una de las presentaciones. Los gremios mencionados en dos de las ampliaciones de denuncia involucran a Comercio, Camioneros, metalúrgicos (UOM), colectiveros (UTA), Luz y Fuerza, estatales (ATE), mecánicos (SMATA), construcción (UOCRA), personal aeronáutico técnico y de tierra (APTA y APA), estaciones de servicios, correos (ALECYT), casinos y patrones de taxis (UPAT).

Según la perspectiva del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, “los hechos denunciados serían pasibles de la comisión de los delitos de amenazas agravadas y extorsión”. Es que la mayoría de los relatos coinciden en señalar las presiones realizadas antes, durante y después de la huelga para que se cumpla con la medida de fuerza que dispuso la conducción de la CGT. Fue el segundo paro contra el gobierno de Milei, que tuvo un acatamiento dispar, incluso sin funcionar el transporte público.

“Mañana no vayas a trabajar porque te vamos a reventar”, “nos obligaron a adherir al paro”, “si se presentan a trabajar en el dia de la fecha va haber consecuencias”, “nos llegó un mensaje que varios sentimos intimidatorio; yo quiero trabajar y ya sabemos que es riesgoso”, “obligaron a todos los presentes a fichar y retirarse”, “bloquearon todos los accesos de ingreso”, “tienen mucho miedo de abrir sus comercios el dìa de hoy, por miedo a vandalismo”, son algunos de los relatos que incorporó el Ministerio de Seguridad a la causa.

“Se presentó personal del gremio Camioneros y dijeron que no iban a salir repartos de la empresa. Les dijeron a los empleados que se debían retirar. Los compañeros se tuvieron que ir porque la situación era amenazante”, “Trabajo en Aerolíneas Argentinas y el sindicato APA de manera violenta obliga a los empleados a adherirse al paro”, “les dijeron que los colectivos no se tocan y no los dejan trabajar”, “Trabaja en Correo Argentino y su sindicato, ALECYT, está haciendo un listado con la gente que no quiso adherirse al paro”, fueron otros testimonios presentados ante la Justicia.

Con respecto a los piqueteros, en dos de las presentaciones se relataron “modalidades denunciadas consistentes en ofrecer subsidios -Plan Potenciar Trabajo, entre otros- bajo la presunta comisión de diversos delitos de acción pública relativos a la administración de los mencionados planes sociales, como uso extorsivo y amenazante como condición de su otorgamiento para compeler indebidamente a los beneficiarios a participar en marchas y manifestaciones públicas”.

“Se recibieron denuncias que describen conductas en cabeza de referentes y organizaciones sociales bajo la premisa de condición para la asignación, quita, limitación o multa de los beneficios a aquellos que no concurran a las movilizaciones, como así también diversas irregularidades relacionadas con la administración de los planes mencionados”, agregó otra de las presentaciones que reconstruyó Infobae de fuentes con acceso a la causa.

Los denunciantes aportaron números de CUIT/CUIL; CBU, ALIAS, comprobantes de transferencias, datos de identificación de los denunciados. Según consta en las presentaciones judiciales, también señalaron a responsables de comedores por desvío de alimentos y se refirieron “casos de personas obligadas a asistir a manifestaciones, padeciendo enfermedades de gravedad”, como así también “se denuncian amenazas de muerte por no realizar aportes mensuales”.

En uno de los testimonios que llegó al juzgado, una víctima plantea que “se le cobra un aporte mensual en efectivo de $ 4.500 y se lo amenaza diciéndole que si no le paga dicha suma o si no va a las marchas le van a dar de baja su Plan o le van a poner faltas”. En todos los casos, el Ministerio consideró que los hechos podrían ser considerados “delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado”.

Eduardo Belliboni, una de las caras visibles de los grupos piqueteros

Entre los relatos seleccionados, además de presiones para que beneficiarios de planes entreguen dinero o participen obligados de marchas y cortes de ruta, fueron llevadas a la Justicia situaciones contadas por testigos vinculadas a abusos e intimidaciones para obtener subsidios a cambio de favores sexuales. “El referente denunciado acosa a las mujeres para relacionarse con ellas bajo amenaza de sacarlas de la organización... A la denunciante le quieren sacar el plan por no acceder a todo lo comentado”, establece una de las comunicaciones que llegó al juzgado federal N° 4, que deberá abocarse a desentrañar la veracidad de esos dichos.