Por Ricardo Carpena

El Gobierno analiza bajarle el pulgar a algunos recientes acuerdos salariales que superaron el 15% de aumento. Así lo revelaron fuentes oficiales a Infobae al advertir que el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó que las mejoras pactadas deben alinearse con la inflación estimada para febrero, del 15%, y cualquier desfase deberá negociarse como cláusula de revisión en futuras negociaciones.

La idea, alineada con la más pura ortodoxia económica, es que las cifras superiores alentarán el aumento del costo de vida justo cuando se espera que los índices inflacionarios comiencen a bajar. Suena extraño si se considera que el gobierno está identificado con el liberalismo, pero todos los gobiernos establecieron, pública o reservadamente, algún tope para los aumentos salariales.

Uno de los acuerdos que está en la mira del Gobierno y que podría no ser homologado por la Secretaría de Trabajo es el de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderado por Hugo Moyano, que firmó la semana pasada con las cámaras empresariales del sector un incremento salarial del 45% en dos tramos, 25% en marzo y 25% en abril, que se sumó a la mejora pactada en enero pasado, que fue del 12,5% para enero y 21% para febrero.

La paritaria de Camioneros se puede convertir en una bomba política para el gobierno de Javier Milei: a Hugo Moyano le dejaron saber que debería renegociar su acuerdo salarial para camuflar el porcentaje final y dicen que el sindicalista se niega para no quedar desacomodado ante las bases.

Una posibilidad, que también sería una declaración de guerra hacia el sindicato de Moyano, es que el secretario de Trabajo, Omar Yasín, considere válidos los argumentos por los cuales cuatro cámaras del transporte automotor de cargas, que son del interior y representan a las pymes, impugnaron el acuerdo salarial porque incluyó algunas mejoras para Camioneros que no habrían sido consensuadas por todos los miembros de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las principales firmantes de la paritaria de la actividad.

En la Secretaría de Trabajo se muestran muy prudentes sobre el tema: “Estamos trabajando en el acuerdo del Sindicato de Camioneros y estamos resolviendo varias impugnaciones que hacen las cámaras a los comparecientes”, fue la escueta respuesta de un vocero oficial a Infobae.

Milei comenzó su gestión con una política salarial que alentaba acuerdos bimestrales o trimestrales con una proyección inflacionaria del 20% e incluso con la inclusión de cláusulas gatillo de actualización automática en caso de desfase inflacionario, recurso que el Ministerio de Economía aceptaba en los convenios para que no se redujera el poder adquisitivo de los salarios.

Ahora, aseguran, el ministro Caputo necesita que no se dispare ninguna variable económica ante un horizonte de baja inflacionaria, aunque el temor es que el eventual descenso de febrero se vea compensado con un aumento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo como consecuencia de la suba prevista en la tarifa de los servicios públicos, transportes, educación y prepagas.

El reciente aumento salarial para Camioneros se complicó, además, por una interna en la FADEEAC: cuatro de las cámaras del interior (Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan) decidieron impugnar el convenio ante Trabajo al considerar que en el acuerdo se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y de un aporte extraordinario para la obra social, cuyo pago “termina favoreciendo a las grandes empresas y afecta a todas las pymes del país”.

Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), dijo a Infobae que “la mesa paritaria dio un mandato a los que van a firmar que aceptábamos el 20% y el 25% de aumento en marzo y abril, y nada más”, pero destacó que los representantes de FADEEAC que fueron a la audiencia oficial “firmaron otros puntos que afectan rotundamente a todas las empresas del interior”, como un “aporte extraordinario” a la obra social de Camioneros de $10.000 por trabajador que deben pagar las empresas “para solventar el déficit del sindicato”.

Ante el rechazo de esas cámaras, el sindicato de Moyano comenzó una fuerte ofensiva contra los empresarios que impugnaron el acuerdo: se declarara en “estado de alerta y asambleas permanentes” ante la reticencia de la Secretaría de Trabajo en homologar el incremento salarial del 45% y acusó a Lo Bruno y a sus colegas José Arata (de CEDAC, Córdoba) y Ricardo Squartini (de APROCAM, Mendoza) de “presentar infundadas impugnaciones intentando boicotear” la aprobación del aumento salarial por parte de las autoridades nacionales”.

Hace 48 horas, activistas del Sindicato de Camioneros escracharon a Lo Bruno y bloquearon un depósito de su pyme de transporte ubicada en Villa Lugano por haber impugnado el aumento. “No vamos a permitir que las internas de FADEEAC pongan de rehenes a los trabajadores camioneros. Estos empresarios explotadores y especuladores van a ser los responsables del daño que causen a los trabajadores”, sentenció el gremio de Moyano en un comunicado de prensa.

Los empresarios “rebeldes” exigieron a las autoridades de FADEEAC una reunión urgente para tratar el acuerdo “inconsulto”. Ese encuentro se realizó ayer por la tarde y terminó con un acuerdo interno que disipó el riesgo de una fractura: allí se expresó “la solidaridad y apoyo unánime” para los empresarios agredidos por Camioneros y se hizo hincapié en que la cámara “cree firmemente en el diálogo y la negociación como medios para resolver diferencias y alcanzar acuerdos justos para todas las partes”. Además, resaltó que “surgió un entendimiento y compromiso unánimes respecto de que la única alternativa para superar el complejo contexto actual que vive nuestro sector pasa por promover el debate interno en búsqueda de un consenso que fortalezca nuestra institucionalidad”.

¿Se animará el Gobierno a no homologar la decisiva paritaria camionera y desatar la guerra con Moyano? Las cámaras del sector fueron citadas por la Secretaría de Trabajo para este jueves, a las 16, y les comunicarían que “se avalará el acuerdo salarial, a pesar de superar las pautas inflacionarias”, según trascendió en el ámbito empresarial, donde poco antes daban por segura la no homologación.

Hay otros acuerdos que estarían en la cuerda floja por el mismo motivo. Uno es el de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fataryh), encabezado por Víctor Santa María, que firmó un aumento salarial del 45% para febrero y la cifra pactada, como es tradicional, derivará en una suba de las expensas de los edificios. En este caso, el Gobierno imagina que si la paritaria finalmente no es homologada habrá clima de alivio y celebración entre los consorcistas.

El eventual veto de algunas paritarias desatará una batalla frontal con los sindicatos, muchos de los cuales ya están en pie de guerra contra el Gobierno por el ajuste en el Estado: en las últimas horas, el Sindicato Gran Buenos de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), que conduce José Luis Lingeri, dispuso un paro de 24 horas para el lunes 11 con el fin de protestar por unos 200 despidos.

“Desde la asunción de las nuevas autoridades, el sindicato ha presentado un plan integral para equilibrar la empresa y proteger los empleos. Este plan, que aborda diversos aspectos económicos, financieros, operativos y estructurales, aún no ha recibido respuesta por parte del Gobierno”, destacó Lingeri. Tras quejarse de que se intenta “asfixiar” a la empresa estatal, señaló que Milei busca “destruir la columna vertebral que fue históricamente el movimiento obrero, ir por los sindicatos, las obras sociales, con medidas de ajuste”. Y advirtió: “Es muy difícil manejarse cuando el Presidente dice que ante el conflicto va a contestar con conflicto; quiere decir que no hay voluntad alguna de diálogo”.