Finalmente, el Gobierno decidió enviar al Congreso su proyecto de blanqueo laboral y lo hizo este viernes, no con las firmas de representantes del Poder Ejecutivo, sino a través del senador de Cambiemos, Roberto Basualdo, quien fue el encargado de presentar la iniciativa ante la Cámara alta.

Según confirmaron a ámbito.com, se trata del mismo texto que el Ministerio de Producción y Trabajo de Dante Sica venía negociando con la CGT desde el fracaso del proyecto de Reforma Laboral íntegra que su antecesor Jorge Triaca había enviado al Parlamento y que había causado un fuerte rechazo de las centrales sindicales.

El proyecto que lleva como título “Regularizacion del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral” consta de 21 artículos y comenzará a ser debatido el próximo martes a las 16 en las comisiones de Trabajo y Previsión Social –que encabeza el justicialista Daniel Lovera– y Presupuesto y Hacienda –que preside el oficialista Esteban Bullrich-. Fuentes parlamentarias confirmaron que a la reunión están invitados representantes de la central obrera.

Entre sus fundamentos, la norma se propone “enfrentar el recurrente problema socio laboral de la clandestinidad de las relaciones de empleo para lo cual se prevé una oportunidad a los fines de permitir la regularización de toda situación de falta de registración de contratos de trabajo o de registración insuficiente o incorrecta, otorgando un plazo de 365 días, así como estímulos adicionales dirigidos a los empleadores que se encuentran en tales situaciones”.

El proyecto establece un plazo de 365 días corridos, desde la entrada en vigencia de la reglamentación de ley, para los empleadores que decidan regularizar la situación de sus trabajadores en negro.

A su vez, está prevista una condonación de las deudas de aportes y contribuciones patronales. “Los empleadores que regularicen relaciones laborales en los términos del presente régimen gozarán de una condonación del cien por ciento (100%) de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios”, establece el texto. Además, una vez que regularicen a la totalidad de sus trabajadores se producirá la baja del Registro de Empleadores con sanciones laborales (Repsal).

En tanto, los trabajadores incluidos en la regularización tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice. “Dichos meses serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la relación laboral, a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley”, indica la iniciativa.

El proyecto también incluye un apartado que apunta a la promoción de empleo. En este sentido, establece que a los empleadores que, dentro de los 365 días de entrada en vigencia de la ley, den inicio a nuevas relaciones laborales “gozarán respecto de las mismas y por el plazo de dos años contados a partir de la registración, de la exención de las contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino”.

Por último, se establece que a los fines de fortalecer la registración y contrarrestar la evasión en la Seguridad Social, “el empleador que no registrare una relación laboral, abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento del reconocimiento de la falta de registro, por cada período mensual no registrado o el que proporcionalmente corresponda”. Además, el empleador deberá depositar a la Seguridad Social, una multa de monto equivalente a dicha indemnización.