A sólo 10 días del paro general de la CGT, que será el 6 de abril, el Gobierno arranca las discusiones paritarias con el sector clave del transporte, con la intención de sellar los acuerdos lo más rápido posible para restarle contenido político y de proclama a la huelga. Buscará replicar lo ocurrido la semana pasada con Comercio: en sólo 48 horas las cámaras y el gremio firmaron un aumento por el 20%, a pagarse en dos tramos, para el millón de trabajadores que engloba el rubro.

De hecho, el jueves, en el Ministerio de Trabajo hubo dos fotos que el Gobierno saludó haberse sacado. Una, la que aparece el ministro laboral Jorge Triaca junto a Armando Cavalieri (titular del Federación de Comercio) y Osvaldo Cornide, presidente de la CAME, tras haber firmado la paritaria del sindicato privado más grande del país. La otra, sonrientes también, la que se sacó Triaca, con su par de Transporte, Guillermo Dietrich, y el titular de los transportistas de la UTA, Roberto Fernández.

Esta última foto fue a posteriori de la firma que estamparon los tres en un documento “con la finalidad de analizar y acordar una serie de acciones”. Entre los considerandos figura que “el Gobierno asume por la voluntad popular en diciembre de 2015” y “que viene realizando un importante esfuerzo financiero para compensar los costos económicos del sistema para evitar que las tarifas afecten a los usuarios”. A su vez, menciona el ambicioso plan de infraestructura para mejorar la red vial, portuario y ferroviaria nacional.

Todo para concluir en que “las discusiones paritarias comenzarán el 27 de marzo” bajo las siguientes condiciones: “Establecer un mecanismo de monitoreo contra la inflación” y “generar al menos tres alternativas para la modificación de las escalas salariales”. Por otro lado acuerdan que desde el 1° de abril “se realizarán reuniones técnicas de análisis de la evolución de la economía, y en particular con la cadena de valor y formación de precios del sector”.

Más allá de los buenos entendimientos firmados, nadie de los consultados se animó a tirar una cifra. Pero en la negociación no sólo se habla de sueldos sino también de subsidios: valga recordar que en varias oportunidades durante la era kirchnerista, la UTA se bajó de los paros impulsados por el moyanismo por, justamente, acordar inyecciones de dinero en formato de subsidios.

Desde el Gobierno saben que la huelga es un hecho y aseguraron que “con estas reuniones sectoriales no se busca desarticular la medida de fuerza: el paro va a ocurrir y es una medida que respetamos”. Y agregaron: “Lo que existe es un choque de diagnósticos con la CGT, hay que trabajar sector por sector y ver qué se puede hacer para trabajar de manera conjunta a través del diálogo”.

A propósito del transporte, esta semana será muy movida para el sector. Al tema UTA se le suma que el miércoles se llevará a cabo el primer encuentro entre el Estado y los cuatro gremios ferroviarios (La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Señaleros y APDFA que son los jerárquicos) para abordar la discusión salarial 2017. A su vez, mañana empieza, con nuestro país como anfitrión, la Conferencia Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte: el martes la delegación extranjera visitará la CGT y los recibirá Juan Carlos Schmid. A propósito del portuario: este jueves la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que él dirige, realizará un plenario en el que se ratificará la adhesión al paro de los más de 20 gremios allí nucleados, entre ellos la UTA.

Los ferroviarios cerraron el año pasado por seis meses, de julio a diciembre, y ahora toca negociar el segundo semestre, que va de enero a junio. En el cierre del primer semestre acordaron pagar en enero, febrero y marzo un aumento del 10% y una gratificación de $ 5.000 a cuenta de 2017. Omar Maturano, de La Fraternidad, ya declaró que van por un acuerdo anual del 25% por el 2017 más un 6% de 2016. En cambio, Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, consideró que le cierra más “un acuerdo semestral”. No obstante, aventuró: “Si acordamos ir por un año, para mí la brecha va entre un 20 y un 30 por ciento”. Aseguraron que nada condicionará su adhesión al paro y que “la pelota por la oferta salarial la tiene el Gobierno”.