La decisión, que sigue a la eliminación de otras empresas públicas como Trenes Argentinos Capital Humano y el INADI, busca reducir funciones que, según fuentes oficiales, ya están cubiertas por otras áreas del Estado.

Desde el Gabinete de Javier Milei señalaron que ambas entidades "no tienen razón de ser", al duplicar las funciones de otras dependencias. En el caso de la AGP, la entidad actualmente está bajo la dirección de Gastón Benvenuto, dependiente de la Secretaría de Transporte, y cuenta con 581 empleados encargados de la regulación del puerto de Buenos Aires y del Sistema de Navegación Troncal, además de tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento de los canales de acceso.

Por su parte, Corredores Viales, presidida por José Luis Acevedo, maneja 10 tramos de autovías que cubren cerca de 6.000 kilómetros, empleando a 3.565 personas. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que estas funciones son similares a las de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), lo que justifica su eliminación.

La administración de Milei ha impulsado la eliminación de organismos que considera redundantes. Bajo este criterio, ya se ha disuelto el Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA), encargado de proyectos de acceso al agua potable, y el Instituto Argentino del Transporte (IAT). También se prevé la reestructuración de la Casa de Moneda, que absorberá las funciones de la ex Ciccone Calcográfica.

Diego Chaher, designado al frente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, es el encargado de ejecutar el plan de cierres y privatizaciones, en coordinación con el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete.

Este proceso de ajustes ha generado reacciones en el ámbito gremial y sindical, que observan con preocupación las consecuencias laborales y sociales de estas medidas.