El Gobierno busca recuperar más de $1.000 millones entregados por el kirchnerismo al sindicato de obreros de la construcción, tras un dictamen judicial que consideró irregular ese desembolso originado presuntamente en un aporte a desempleados. A través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la administración de Mauricio Macri abrió un frente de conflicto con el gremio que conduce Gerardo Martínez, a quien ya le bloqueó administrativamente el pago mensual de la supuesta deuda con la obra social de la UOCRA y evalúa legalmente el camino para recobrar los fondos ya devengados. 

El litigio es por una deuda que la Corte Suprema reconoció como legítima, por un mes, pero que la administración K extendió en el tiempo por vía de una resolución de la SSS, multiplicando la cifra de cobro. Desde el gremio alertaron que no les están permitiendo participar del sumario abierto para retrotraer la medida, lo que también podría replicar en la paz entre el Gobierno y la CGT, que cuenta a Martínez como uno de los tres hombres más influyentes a nivel sindical.

Un dictamen de la fiscalía especializada en la Seguridad Social que conduce Gabriel De Vedia fue el detonante de una sorda disputa millonaria, amparada en las resoluciones de la SSS N° 200 del 20 de abril de 2015 y la Resolución N° 350 del 21 de mayo. Ambas fueron dictadas el mismo año por la entonces titular del organismo Liliana Korenfeld, una pingüina paladar negro que le arrebató a Hugo Moyano primero el control de las APE y luego el manejo de la SSS, históricamente un bastión en el que había hecho pie el camionero hasta su ruptura con el Gobierno de Cristina de Kirchner. Mediante esas resoluciones, Korenfeld suscribió un convenio con la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), en virtud del cual el organismo quedaba obligado a abonarle $ 1.022.855.123, en total, dividido en 20 cuotas mensuales, cuyos recursos fueron obtenidos del Fondo Solidario de Redistribución. Llegaron a pagarse nueve cuotas hasta que el trámite quedó en suspenso, tras el análisis legal de las resoluciones. 

Ospecon había demandado al Estado, al Ministerio de Salud y a la SSS en 2002 en reclamo del pago de sumas de dinero correspondientes a cada trabajador enrolado en el gremio que hubiesen estado desempleado a junio de 1998. En 2009, la Cámara de la Seguridad Social reconoció el pago de $40 por cada beneficiario no aportante comprendido en la Ley N° 23.660, pero solo correspondiente al mes de junio de 1998. 

Al año siguiente, la obra social -mientras el caso era analizado por la Corte- interpuso un reclamo administrativo ante la SSS para percibir bajo el mismo concepto una suma idéntica por afiliado pero desde 2000 en adelante. Recién en 2014, la Corte confirmó la sentencia por el pleito iniciado en 2002. Fue entonces que la SSS interpretó que ese beneficio se extendería no sólo al período del juicio, lo que equivalía a $1.956.469, sino también a los 15 años que reclamaba el sindicato. Automáticamente, la cifra trepó en $1.020.898.654, adicionales por el cálculo entre el 1 de febrero de 2000 y el 31 de enero de 2015, que obtuvo dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SSS. La fiscalía especializada en delitos contra la Seguridad Social entendió que el fallo judicial sólo alcanzaba la primera parte del reclamo (un mes) y no 180 meses como se terminó homologando. "Extendió los efectos de la cosa juzgada judicial a períodos no analizados ni resueltos en sede judicial", concluyó el dictamen que abrió la puerta para la anulación de ambas resoluciones dictadas por Korenfeld, algo que el organismo a cargo de Luis Alberto Scervino activó para intentar recuperar los fondos en una causa caratulada "Posible afectación arbitraria de los recursos destinados al sistema de la seguridad social". 

El "contraexpediente" para anular las resoluciones ya dio sus primeros pasos pero sin la representación por Ospecon como indica el dictamen para cumplir con la revocatoria. Esto encendió luces de alerta en el gremio. De Vedia había trazado que el camino era la anulación de esas resoluciones porque "están viciadas en su causa y no pueden ser objeto de saneamiento". Sin embargo consideró que, en su dictado original, las partes habían actuado de buena fe por lo que no recomendaba el reclamo total de los $1.000 M sino que se dejaran de transferir las cuotas restantes. La SSS "no se encontraría en condiciones de exigir en sede administrativa el reintegro de las sumas de dinero que ya abonó a Ospecon", aseguró el dictamen, que no termina de conformar a la SSS, que guarda bajo la manga un as para accionar judicialmente el reintegro de lo que ya se pagó.