El Gobierno intentará retener por la vía judicial el control del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), intervenido desde hace diecisiete meses y embarcado en un proceso electoral cruzado por fallos contrapuestos. Se trata del gremio de auxiliares que encabezaba Marcelo Balcedo hasta enero del año pasado, cuando el dirigente fue apresado en una chacra de Punta del Este junto a su mujer en un operativo espectacular que incluyó la incautación de una flota de automóviles de lujo, armas y $500 mil.

El Ministerio de Producción y Trabajo apeló el viernes un fallo judicial que había suspendido, dos días antes, las elecciones pautadas para el 5 de agosto. Ese comicio iba a desarrollarse con una lista única afín a la intervención oficial y sin la participación de una nómina no alineada a Cambiemos, marginada por supuestas irregularidades en sus avales. La disputa es por el manejo de un gremio con unos 24 mil afiliados, con eje central en la provincia de Buenos Aires pero también presente en otros distritos y que tiene una silla en las discusiones paritarias del sector docente bonaerense.

Pero también se trata del intento de la administración de Mauricio Macri por sostener uno de los pocos sindicatos cuyo control ostenta a partir de una intervención que arrancó la Justicia. Desde 2016, Cambiemos llegó a administrar una decena de organizaciones gremiales bajo esa modalidad y con el tiempo -y fallos judiciales contrarios, en la mayor parte de los casos- las perdió como en los casos de Canillitas y los jerárquicos ferroviarios de Apdfa, entre otros. Mientras que en el gremio de marítimos SOMU los afanes oficiales por imponer una nómina afín no lograron impedir que el año pasado ganara las elecciones Raúl Durdos, un dirigente cercano a Hugo Moyano.

En la mayoría de las intervenciones se repitió el siguiente proceso: la Justicia federal desplazaba a la conducción de un sindicato e instruía al Gobierno para que nominara una administración nueva con integración compartida. A continuación, la Justicia laboral en general adoptaba medidas cautelares que ordenaban el cese de las intervenciones o bien de los procesos electorales puestos en marcha por sus autoridades. En el caso del Soeme fue la jueza laboral Analía Viganó, quien la semana pasada ordenó suspender las elecciones que había autorizado el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

Kreplak había sido el responsable de la causa que encarceló a Balcedo -en la actualidad en prisión domiciliaria en su mansión de Punta del Este- y del nombramiento de una primera intervención a cargo de Conrado Reinke (a pedido del exministro de Trabajo Jorge Triaca) y Antonio Maceo (por el jefe de la cartera laboral bonaerense, Marcelo Villegas). La salida de Triaca y la llegada a Producción y Trabajo de Dante Sica también significó el desplazamiento de ese binomio -hubo cuestionamientos a contrataciones ordenadas por Reinke) y su reemplazo por una conducción colegiada con Julio Simón (hijo), Arturo Rodríguez y Antonio Maceo.

Para las elecciones del 5 de agosto se habían anotado dos nóminas: una, encabezada por Susana Mariño, líder del gremio en la provincia de Buenos Aires y exsecretaria adjunta de Balcedo en la organización a nivel nacional, y otra con Adrián de Marco como candidato a secretario general con el impulso del Gobierno. De Marco había sido, a su vez, adjunto de Mariño en la provincia de Buenos Aires. La Junta Electoral terminó por impugnar por supuestas falencias en los avales la lista de Mariño, que acudió a la Justicia laboral.

La apelación que presentó el viernes la cartera de Sica alega que la lista de Mariño no cuenta con justificativos para considerarse agraviada por el apartamiento de la elección. Y tiene como propósito salvaguardar la elección del 5 de agosto bajo la premisa de que en el actual contexto consagrará sin competencia el triunfo de De Marco. La posibilidad más latente, desde que asumió Macri, de contar con un sindicato moldeado a imagen y semejanza.