En medio de las negociaciones paritarias, que comenzaron en diciembre, el Gobierno sigue metido en su plan de reordenamiento y control de los empleados públicos. Es por eso que el mes que viene lanzará un registro para llevar un control de las licencias gremiales.

Lo que se pretende es poder llevar un control on line de las altas y bajas de los afiliados a los diversos gremios.

Esta decisión se tomó porque al asumir la gestión se encontraron en algunas áreas con más cantidad de delegados de los que autoriza la ley. Estas irregularidades se encontraron principalmente en la ex Empresa Provincial del Transporte (EPTM) y en el Registro Civil.

Actualmente las comunicaciones de las licencias y designación de delegados las realiza cada sindicato en la repartición donde el trabajador presta servicio. El problema es que la novedad llegaba tarde a las oficinas que realizaban el control de legalidad y a veces no se impugnaba lo que correspondía o no se cuestionaban ciertos permisos.

“Estamos avanzando en la creación de un archivo de licencias gremiales a través de un sistema informático donde se puedan cargar todas las novedades”, explicó el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez. El borrador del decreto ya está listo y se espera que sea firmado por las autoridades correspondientes al regreso de las vacaciones.

La idea es que con el registro en marcha las novedades se carguen automáticamente en el sistema y de inmediato la información llegue a la Dirección General de Recursos Humanos para que los asesores legales puedan analizar cada actuación.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, vio con buenos ojos la medida ya que el Gobierno es quien paga los sueldos y debe “llevar un control”. De todas maneras le pareció “desatinado” que comience ahora con el registro y no al inicio de la gestión. En el caso de ATE, el gremialista indicó que actualmente hay unas 40 personas con licencia gremial que representan a diversos sectores: educación, administración central, salud y organismos autárquicos y descentralizados.

Por el contrario en el caso de SITEA, el secretario gremial, Federico Lorite, aseguró que esta medida forma parte de la política de “persecución a los trabajadores”. “Esto es un amedrentamiento”, manifestó.

Desde Ampros, Isabel del Pópolo, señaló que no le gusta ver “fantasmas donde no hay” y manifestó que todo lo que esté dentro de la ley es “correcto”.

“En paritarias hemos trabajado sobre las horas que tienen que trabajar los delegados. Si está dentro del convenio y la ley es normal”, concluyó.