Por Luis Autalan

El Gobierno convocó para este jueves a una reunión con empresarios y representantes de la CGT, a fin de discutir la implementación de los cambios establecidos en la reforma laboral de la ley Bases.

De esta manera el secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el anfitrión en las deliberaciones a las cuales la Casa Rosada enmarca "como continuidad de las mesas de diálogo social dispuestas por el ministerio de Capital Humano". Más allá del tono protocolar, uno de los principales puntos de la cita será el análisis del artículo 242 de la ley, punto neurálgico en las conversaciones que comenzarán a las 14 en la cartera laboral.

Ese tópico tiene que ver con la sanción a las protestas gremiales y bloqueos a empresas, el cual ha motivado la reacción y crítica de los sindicatos más combativos de la central obrera, durante todo el debate previo a la norma que finalmente logró aprobar en el Congreso la administración libertaria.

A tal efecto por los empleadores asistirán los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En cuanto a la comitiva de Azopardo la invitación suma otra cuestión de fricciones internas que se agrega a las diferencias que ya quedaron expuestas con los dichos del triunviro Pablo Moyano -"dialogar con este gobierno no sirve para nada"-. o también las expresiones críticas de Mario "Paco" Manrique respecto a la mesa chica que conforma el núcleo dialoguista y dominante cegetista.

En cuanto al artículo 242, el mismo comprende el capítulo de "justa causa" para casos de despido sobre la dinámica de considerar los bloqueos parciales o totales a la actividad empresarial.

"Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento" señala el texto respecto a instalaciones, mercaderías, insumos y herramientas, acotando también la alternativa de que "las retenga indebidamente".

En cuanto a lo descrito hasta los sectores más moderados de la CGT coinciden en que la norma restringe el derecho a huelga, "desde una amplitud conceptual que se expresa a favor de las empresas de manera expuesta", según aseveró días atrás un integrante del consejo directivo.

De esta manera quienes representen a la CGT para el encuentro asumen que es menester atenuar en lo posible un nuevo avance contra los derechos laborales, una mecánica que incluso describieron en el último debate del Consejo del Salario, para fijar el haber mínimo, ocasión en la que aseguraron que el Gobierno y las cámaras empresarias "avanzan en tándem" contra la normativa que ampara a los trabajadores.