El Gobierno nacional informó que, durante el primer año de la administración de Javier Milei, se desvinculó a más de 41.000 empleados públicos, evidenciando la implementación de su política de reducción del Estado.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió en su cuenta de X que, entre diciembre de 2023 y enero pasado, 41.142 trabajadores estatales fueron cesanteados. Estas desvinculaciones se distribuyen en la Administración centralizada y descentralizada (23.576), Empresas del Estado (13.161) y Personal Militar y de Seguridad (4.405).
Sturzenegger celebró el ajuste señalando que "seguimos adecuando el tamaño del Estado luego del exceso de ñoquis, militancia y duplicaciones del kirchnerismo" y reafirmó que "la motosierra es pilar del equilibrio fiscal y permite bajar impuestos".
Estas medidas se enmarcan en la política de austeridad del gobierno, que busca reducir el déficit fiscal mediante la disminución del gasto público. Según datos oficiales, durante el primer año de gestión se eliminaron 34.000 puestos en el sector público, representando aproximadamente el 7% del personal del Estado Nacional, lo que generó un ahorro de 3.820 millones de dólares.
Las reacciones no se hicieron esperar. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha llevado a cabo movilizaciones en distintos organismos, como el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, la sede central de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y el ex Ministerio de Desarrollo Social. El Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, advirtió que "con los despidos masivos y el recorte de salarios, nos conducen a una catástrofe social". Aguiar criticó que "con este presidente y sus ideas, el Estado está muy lejos de articular el bien común y promover el desarrollo humano", agregando que "todo el tejido social se está resquebrajando y el entramado productivo destruyendo".
ATE exige la "reincorporación inmediata" de los trabajadores cesanteados y ha anunciado la convocatoria a un Plenario Federal de Delegados para la próxima semana, con el fin de "definir la continuidad del plan de acción y votar una nueva huelga general".
Este escenario refleja la tensión entre la política de ajuste del gobierno y las demandas de los trabajadores, en un contexto de creciente conflictividad social.
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