El Gobierno Nacional decidió llevar a cabo una auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y adelantó que eliminará entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) aseguraron que detectaron irregularidades en la concesión de las pensiones tras auditar a aproximadamente 400.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Estas auditorías se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.

El vocero presidencial Manuel Adorni ya había presentado el tema de las auditorías en sus clásicas conferencias de prensa, con la mala suerte de que expuso un caso que había sido oportunamente desestimado por la gestión anterior. Lo desmitió el mismo Fernando Galarraga con documentación oficial pero la imagen circuló de todas formas.

Entre las irregularidades denunciadas, se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.

Además, se identificaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones otorgadas. Estas incompatibilidades se refieren principalmente a la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.