Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de análisis de la dinámica laboral y empresarial revela 170.695 despidos en los primeros 5 meses del Gobierno de Milei. En base a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) en el sector privado formal se registraron 126.244 despidos por parte de las grandes firmas de más de 500 trabajadores, siendo el 74% del total; mientras que en las empresas de menos de 500 trabajadores la pérdida de puestos de trabajo fue de 44.451 casos, explicando el 26% restante.

En términos porcentuales, mientras que las grandes empresas redujeron su personal 2,64% (de 4.782.973 a 4.656.729), las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 0,88% (de 5.074.200 a 5.029.749).

Muchas de éstas grandes empresas presentaron en los primeros meses del año balances con enormes ganancias. Un estudio del IPYPP, deja al desnudo los números brutales de la transferencia de ingresos desde las mayorías trabajadoras a los grupos concentrados locales y extranjeros.

"Mientras caen los ingresos de la mayor parte de la sociedad entre un 20% y un 40%, las ganancias netas de los capitales más concentrados en los diferentes mercados, se incrementan en más de un 800% respecto al año anterior con incrementos que superan el 9.000% en laboratorios, el 5.000% en el complejo exportador de granos, más del 1.300% en el sector alimenticio 945% en el sector bancario y 790% en el hidrocarburífero”, sostienen.

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Por otro lado, otro informe de CEPA publicado este martes, revela que en el sector privado hubo 167.205 despidos, en sintonía con los números de la SRT, y 10.452 licencias, retiros voluntarios y suspensiones. A la retracción de la actividad económica, el informe indica como causal las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo y en el Empleo Público introducidas en la Ley Bases, aprobada en junio de 2024.

Desagregando por rama de actividad, el informe indica que la construcción es el sector con mayor cantidad de casos, como consecuencia de la decisión de paralizar totalmente la obra pública, con 100.000 despidos estimados por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Seguido por el sector industrial, con 76.311 casos, y por último los servicios acumulan 1.346 casos en este primer semestre.

En paralelo a los despidos en el sector privado se suman las 29.604 desvinculaciones en el sector público, principalmente en el Estado Nacional, ya sea en la Administración Central como en las Empresas de Capital Estatal como Correo Argentino o Radio y Televisión Argentina, indica el informe de CEPA.

Vale aclarar que estos números solo considera las bajas, sin tener en cuenta las nuevas incorporaciones.

Los 5 casos más emblemáticos que destaca el informe

1) Acindar y Tenaris (Industria-Siderurgia)

Acindar anunció la paralización de la producción de sus plantas por un mes,desde el 18 de marzo hasta el 15 de abril. A fines de junio, la empresa anunció que en el segundo semestre sólo trabajarán 2 de los próximos 6 meses. Es decir, 2/3 partes del semestre permanecerá cerrada.

Tenaris SIAT, del grupo Techint, a cargo de la producción de los caños del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. A fines de mayo, la empresa del Grupo Techint de Paolo Rocca, anunció el despido de 5 trabajadores, y a fines de junio se sumaron otros 200 trabajadores de la planta ubicada en Valentín Alsina.

El freno a la obra pública y la caída pronunciada de la construcción privada, junto a la instalación de nuevas tecnologías, son las excusas preferidas para intentar justificar estos ataques. Es sabido que estas patronales coparon el gobierno para pasar estos planes de ajuste, reestructuración y flexibilización. Uno de ellos es Paolo Rocca que lidera la Cámara Argentina del Acero, uno de los mayores multimillonarios del país y aportante de la campaña de Milei.

2) Whirlpool y Briket (electrodomésticos)

En la primera se produjeron 60 despidos en la empresa por reducción de producción en su planta del Parque Industrial Pilar, en provincia de Buenos Aires, en mayo de 2024. En Briket, ubicada en el sur de Rosario, la empresa –que produce heladeras, exhibidoras y freezers-, despidió 300 trabajadores en lo que va del año.

3) Canale (alimenticia)

A fines de junio anunció su definitivo cierre en Mendoza, y con él, el despido de 38 empleados: 22 efectivos y 16 temporales.

4) FV y Ferrum (Construcción)

Paralizaron sus plantas y despidieron o suspendieron personal en el marco del desplome del sector. La empresa dispuso en mayo la suspensión por tres meses de unos 800 operarios de su planta ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. En el caso de Ferrum (la mayor fábrica de artefactos sanitarios de cerámica del país), ya despidió 100 trabajadores en lo que va de 2024.

5) Empleo público

Desde el Estado Nacional se impulsó una decidida política de despidos en pos de achicamiento y reconfiguración del aparato del estado, indica el informe. Sólo mencionando algunos casos testigo, los despidos abarcaron a derechos básicos como la salud con cesantías en el Hospital Posadas, dependiente del Estado Nacional.

También se relevaron despidos del Estado Nacional que tienen un eje común: el retiro del Estado y la garantía de derechos a nivel federal. Muestra de esto es el cierre de dependencias de ANSES (se cerraron 60 sedes, despidiendo a más de 1.300 trabajadoras y trabajadores), el INTI (con 278 despidos y apertura de retiros forzosos para todo el personal), el SENASA (se cerraron 20 sedes distribuidas en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires) y los Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social (con el cierre de 59 centros, oficinas descentralizadas con equipos de profesionales y administrativos).

También el proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), cuya construcción fue paralizada argumentando falta de presupuesto por parte del Estado Nacional, y que puede suponerse que su reactivación no tendrá lugar hasta que ingresen capitales privados a la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA a partir de la sanción de la Ley Bases. Como ha estimado la propia Cámara de la Construcción, CAMARCO, hay 100.000 despidos en este sector.

Que la crisis la paguen los grandes empresarios que ganan millones

Según un trabajo de CIFRA y FLACSO que compara las utilidades sobre ventas obtenidas en el primer trimestre de 2023 con las del mismo período de 2024, las ganancias en relación a la facturación del laboratorio Richmond saltaron del 1,5% al 51,2%; las de Metrogas del 2,3% al 74,3%; las de Aluar del 5% al 52,1%; las de Mirgor del 5,5% al 51,2%; las de Arcor del 15,5% al 50,2%; las del Banco Macro del 4,3% al 44,9%; las Aeropuertos Argentina 2000 del 19,3% al 80,1%; las Pampa Energía del 33,5% al 68,3%; y las de Ternium, del 30,4% al 49,6%, por solo mencionar algunos ejemplos. Como se ve un salto exponencial en las ganancias de las principales empresas del país.

Mientras ganaron millones durante todo este tiempo y muchas de ellas multiplican sus ganancias con Milei, ahora argumentan crisis para despedir. Como muestra el informe de CEPA mencionado arriba, 3 de cada 4 despidos fueron por grandes empresas. Ante la recesión económica y un Gobierno que da libertades a los ricos aprovechan para despedir. Las “pérdidas” se socializan, pero las ganancias son privadas.

Ante el aumento de la desocupación desde el PTS-Frente de Izquierda planteamos que en las 12 mil principales empresas del país, las que han tenido ganancias siderales en estos meses a través de la superexplotación de sus trabajadores y la remarcación de precios, se implemente inmediatamente la reducción de la jornada laboral a 6 horas sin reducción salarial, repartiendo las horas de trabajo liberadas (por ejemplo, agregando un cuarto turno en las fábricas donde hoy hay tres o un tercero donde hay dos) y con un salario mínimo que cubra la canasta familiar actualizado mensualmente según la inflación. De esta forma podrían crearse un millón de puestos de trabajo de calidad. En estos meses han obtenido ganancias siderales. Toda gran empresa que se niegue a esta medida debe ser expropiada y puesta a funcionar bajo gestión de sus trabajadores, en el inicio de una planificación racional de la producción al servicio de los intereses populares.

Tenemos que lograr la más amplia coordinación para enfrentar la política de ajuste y entrega del Gobierno de Milei, exigiendo a las direcciones burocráticas de la CGT y la CTA la convocatoria a un verdadero plan de lucha consecuente para derrotar el plan de Milei, en la perspectiva de la huelga general.