Bajo presión, sindicatos como Gastronómicos y Sanidad se enfrentan al desafío de renegociar mejoras ya firmadas mientras el Gobierno amenaza con no homologar los convenios si no se adaptan a sus lineamientos.

En el caso de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), liderada por Luis Barrionuevo, el conflicto radica en un aumento del 16% pactado para el trimestre diciembre-febrero. Este acuerdo, que contempla subas escalonadas de 5%, 5% y 6%, excede el techo establecido por el Ministerio de Economía. Desde la Secretaría de Trabajo buscan que el gremio extienda la vigencia del aumento hasta mayo y reduzca los porcentajes, bajo advertencia de no homologarlo. “Si no se ajustan, algunos empresarios podrían negarse a pagar, generando un caos en la actividad”, señalaron fuentes oficiales.

Otro caso emblemático es el de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), encabezada por Héctor Daer, que acordó un 11,4% para octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6%). A pesar de que la mayoría de las empresas ya aplicaron el aumento, el Gobierno sigue sin homologar el convenio, exigiendo ajustes a la baja para las próximas negociaciones en febrero. “Estamos viendo si se puede reformular”, admitió un funcionario, aunque Daer rechazó cualquier cambio.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ha asumido un rol clave en estas renegociaciones. Tras conseguir que Hugo Moyano aceptara reducir el aumento de Camioneros de 15% a 5,5% trimestral, ahora busca replicar esta estrategia con otros gremios. “La pauta es clara: no más de 1% mensual. Es una medida necesaria para sostener la baja inflacionaria”, explicó un allegado a Cordero.

Sin embargo, la resistencia sindical no es el único escollo. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, enfrenta una de las discusiones más tensas del año. Su pedido de un 18,71% para noviembre-marzo y un bono de $300.000 fue bloqueado por Trabajo por superar el tope oficial. “No podemos permitir acuerdos que pongan en riesgo la estabilidad de las empresas”, argumentó un funcionario.

Además, el Gobierno promueve un cambio estructural en las negociaciones salariales. En 2025, con una inflación proyectada de 1% mensual, se incentivará la firma de convenios por empresa en lugar de acuerdos sectoriales, vinculando los aumentos a la productividad. “La normativa actual permite estos convenios siempre que mejoren las condiciones laborales. Queremos adaptarnos a las realidades económicas de cada región y empresa”, afirmó un integrante de la Secretaría de Trabajo.

Desde el sindicalismo, este enfoque es visto como una amenaza. “Descentralizar las paritarias nos debilita. Los convenios por empresa quitan poder de negociación y generan desigualdades”, advirtió un dirigente sindical.

En un contexto de ajuste, la tensión entre Gobierno y gremios no cede. Mientras el Ejecutivo busca frenar los incrementos salariales para consolidar la baja inflación, los sindicatos se preparan para defender los derechos de los trabajadores frente a un escenario de crecientes restricciones.