Delfina Celichini

La gestión de Javier Milei evalúa una reforma previsional que podría equiparar la edad jubilatoria entre los hombres y las mujeres en 65 años. En el borrador del Gobierno se prevé rediseñar integralmente el sistema, incluso impulsar una privatización del fondo de los aportes.

También está en agenda una gradual desarticulación de los regímenes especiales que plantean beneficios por sectores, así como una revisión del sistema de pensiones. Se busca, además, la readopción de un modelo de capitalización, como el que existió entre 1993 y 2008, con la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

“Estamos en un proceso inicial de análisis de estos temas”, señaló a LA NACION una inobjetable fuente oficial. A pesar de esta confirmación, las voces autorizadas del Ministerio de Capital Humano desmienten que el tema esté en agenda. Como con otras medidas de alto impacto, el Gobierno trabaja con hermetismo en la elaboración de la iniciativa. Hubo por lo menos dos reuniones para abordar esta reforma, de la que participaron especialistas, como el investigador principal de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Rafael Rofman.

Los funcionarios a cargo de esta política son el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la Anses, Mariano de los Heros. Trabajan sobre la base de un borrador preexistente confeccionado por una comisión de análisis técnica del ente previsional bajo la órbita de Capital Humano, la cartera conducida por la ministra Sandra Pettovello.

“No es un tema prioritario”, subrayan quienes siguen de cerca esta reforma, incluida entre los diez puntos del Pacto de Mayo bajo el argumento de darle “sostenibilidad al sistema y respetar a quienes aportaron”. Aseguran que si bien es parte de la agenda, no existen aún plazos concretos para su implementación y podría ser un proyecto que se impulse recién el año que viene. En 2025 hay elecciones de medio término y una transformación de estas características podría ser costosa para el oficialismo. “Hay una mirada diferente de los tiempos políticos”, rebaten quienes conocen el estilo libertario.

Actualmente, en la Argentina funciona un régimen de reparto, donde empleados y empleadores financian las jubilaciones. Como este aporte es insuficiente, el Estado apela a impuestos generales y a los recursos del Tesoro Nacional para costear este gasto, que en 2023 significó un 9% del PBI según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

El titular de Anses, Mariano de Los Heros, y la ministra Sandra Pettovello

Los últimos datos oficiales, correspondientes a abril de este año, contabilizaron 10,146 millones de personas con empleo asalariado registrado (incluyendo el sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares). En tanto, el más reciente registro del Boletín Estadístico de la Seguridad Social -de junio- informó que hay 5,9 millones de jubilados. Es decir, por cada jubilado hay menos de dos personas trabajando (1,7). Los especialistas coinciden en que para que el sistema se autofinancie esta razón debería ser de uno a tres.

Con el objetivo de lograr el equilibrio fiscal, el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa esta discusión. No solo evalúa la posibilidad de incrementar la edad base de retiro sino, además, equipararla entre hombres y mujeres, que actualmente se jubilan a los 65 y 60 años, respectivamente. En ambos casos, deben contar, además, con un mínimo de 30 años de trabajo registrado. Estas medidas buscan robustecer el colchón de población activa.

“El porcentaje de mujeres con aportes cumplidos es solo del 15%. Por ende, la equiparación de la edad jubilatoria tendría un impacto fiscal muy bajo si no es acompañada con otras reformas de fondo. Sin embargo, no hay ninguna razón para no igualarla en términos de principios y equidad”, analizó Rofman en diálogo con LA NACION. El especialista subrayó: “Los problemas del sistema previsional no se ordenan con pequeños cambios”.

En la región, cerca de la mitad de los países más grandes determinaron la misma edad de jubilación entre hombres y mujeres. Rofman enumera a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru y Uruguay. Con variaciones, la edad de retiro está entre los 60 y 65 en todos estos países.

La homologación de los requisitos para acceder a la jubilación se inscribe, además, como parte de la “batalla cultural” que Milei quiere librar. El relato libertario no concibe una diferenciación positiva a favor de las mujeres -que contemple las desigualdades sociales que marginaron su acceso al trabajo-, y ésa será la pátina con la que reforzará la implementación de esta política, en contraposición al discurso feminista.

Regímenes especiales

El Gobierno también explora la desarticulación de los más de 200 regímenes especiales de jubilación que conviven con el general. Entre otros beneficios, estos sistemas de excepción contemplan el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. Allí se incriben desde trabajadores en minas, con diez años menos de trabajo obligatorio, hasta el personal del servicio exterior y de la Justicia, con pensiones muy superiores a la media.

En la misma línea, el Poder Ejecutivo apuesta a revisar el sistema de pensiones no contributivas, entre las que se incluyen las otorgadas por invalidez y a los adultos mayores que no cuentan con años de aporte ni con otro sustento económico (PUAM).

Por último, el Gobierno no descarta la readopción de un modelo de capitalización, implementado en la Argentina durante el momento de esplendor del menemismo, época de oro, según el propio Milei. La idea general de este esquema es que cada trabajador tenga la posibilidad de elegir cómo y dónde resguardar sus ahorros previsionales, incluso sin la intervención del Estado. Las personas podrán tener cuentas individuales gestionadas por administradoras privadas que invertirán el dinero para generar intereses. Según Rofman, en la región hay varios países que mantienen esquemas de capitalización: Chile, Peru, Uruguay, Colombia, Bolivia -con mucha intervención del Estado-, México y El Salvador.

Sea cual sea el proyecto final del Poder Ejecutivo, tendrá que pasar el filtro del Congreso, donde la oposición objetará muchas de estas medidas. Será una larga discusión que demandará la plasticidad del oficialismo, que solo cuenta con un bloque de 38 diputados y siete senadores.

En la Cámara baja, las comisiones de Trabajo y Prevision y Seguridad Social son presididas por dos radicales, Martín Tetaz y Gabriela Brouwer de Koning, que presentaron una propuesta durante la discusión de la Ley Bases que contemplaba la eliminación de la moratoria impuesta por el gobierno anterior. Esta dictaba que se eliminara la obligatoriedad de los 30 años de aportes y que se reemplace por un sistema de cobro proporcional. “El criterio tiene que ser que haya un reconocimiento de un aporte universal, de piso mínimo solidario, sumado a un componente actuarial, que tenga una formula que establezca una relación entre años de aporte y la esperanza de vida. Atrasa la idea de decirle a la gente cuándo jubilarse”, resumió Tetaz.

En el Senado, en tanto, la titularidad de esta comisión está a cargo de la cordobesa Cármen Álvarez Rivero (Pro), quien actuó, hasta ahora, en sintonía con los objetivos del Gobierno.

Si bien hay consenso respecto de que el sistema previsional necesita una reforma, el foco estará puesto en cómo reformarlo y la discusión se preanuncia compleja. Un desafío más para un Gobierno en minoría que apuesta a “refundar” la Nación.