Mauricio Macri bajó el jueves del avión de línea que lo trajo desde Nueva York. En el aeropuerto lo esperaba un helicóptero que lo llevó hasta Pilar. Allí se subió a un colectivo para la puesta en escena –en un breve recorrido junto a vecinos del lugar– del anuncio de la pavimentación de 146 kilómetros de calles de tierra en ese municipio y otros catorce del Gran Buenos Aires; una obra de mil millones de pesos. Al Presidente parecen haberle impresionado las condiciones imposibles de esas calles de suburbio y las incomodidades que sufren quienes deben transitarlas. Le preguntó al ministro de Transporte, que lo acompañaba, cuántos kilómetros de calles así hay en el Conurbano. Guillermo Dietrich tiró un dato: 500 kilómetros. ¿Cuánto sale asfaltar todo? ¿Cuánto se tardaría?, volvió a preguntar el Presidente. Si está la plata se puede hacer en menos de un año, fue la respuesta. Hacelo, la plata va a estar, cerró Macri.

El Presidente ya había transmitido su asombro amargo por las condiciones de vida de los compatriotas del GBA un par de semanas atrás, cuando sobrevoló el sur del Conurbano volviendo desde Punta Indio a la residencia de Olivos. Nunca está de más para un Presidente el choque con la dura realidad cotidiana de los que menos tienen.

Quizás algo de esa sensibilidad novedosa que Macri venía mostrando desde la campaña electoral, sumada a razones de necesidad política, impregnen la decisión del Gobierno de estudiar una ayuda extra para los trabajadores y beneficiarios de planes sociales. La idea es facilitar un tránsito sin sobresaltos mayores hacia el final de este durísimo primer año de la transición.

La sociedad viene de atravesar meses horribles, con una bruta caída de la economía: 3,4% en el segundo trimestre. Y con una pérdida de 120.000 empleos informada por el INDEC, que ahora dice la verdad aunque al Gobierno no le guste.

Por cierto, las señales recientes y los pronósticos de los expertos abren la expectativa de una recuperación de la economía y el empleo y de una baja consistente de la inflación. Pero aún así, esta flamante primavera se presenta difícil para las almas sensibles.

El Gobierno ya subió el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, aumentó y amplió las asignaciones familiares y ajustó haberes y empezó a pagar juicios a jubilados. Ahora estaría dispuesto a abrir otra vez la mano. Espera que así el anunciado paro de la CGT unificada no se concrete, o se transforme en una medida tan pasteurizada como para dejar constancia del malestar pero sin sacudir ninguna estantería.

“Algo va a haber”, afirma un hombre de la mesa chica que monitorea junto a Macri la gestión oficial. “Si tiran un hueso sobre la mesa se puede hablar”, dice uno de los nuevos hombres fuertes de la CGT.

Se menciona un bono de fin de año a cargo de las empresas. Y su correlato en un plus de ayuda social para jubilados y beneficiarios de planes sociales, por cuenta del Estado. O eliminar el impuesto a las Ganancias sobre el próximo aguinaldo, con lo cual todo el costo sería fiscal.

Por ahora está más definido el qué que el cómo. Por eso, ni el Gobierno admitirá en público la posible ayuda monetaria para terminar el año, ni la CGT sacará del limbo el paro que el Comité Central Confederal encomendó a la conducción, pero sin fijarle fecha ni modalidad.

Mientras tanto por detrás de la escena hay algunos discretos puntos de entendimiento entre el Gobierno y la CGT. Por ejemplo, en la última reunión a solas Macri le planteó a Hugo Moyano mantener el orden interno en el sindicalismo y trasladar esa moderación a la calle.

Al mismo tiempo, el Presidente le encomendó al ministro de Trabajo Jorge Triaca, como un eje de su gestión, defender el modelo sindical tradicional frente al acoso del sindicalismo de izquierda y la competencia de las CTA. También evitar el canibalismo entre sindicatos por cuestiones de jurisdicción. La CGT dio un paso en esa dirección creando una comisión arbitral que lidera Carlos Sueiro, dirigente aduanero que forma parte de Los Gordos, grupo inoxidable que bajó el perfil pero recuperó influencia.

Lo concreto es que el jueves próximo está previsto un encuentro de la CGT con el ministro Alfonso Prat-Gay. Quieren hablar de plata ya mismo porque los tiempos –los propios y los sociales– apremian. Pero el Gobierno pretende una agenda más amplia para ese día.

Junto a Prat-Gay sentará cuanto menos a Triaca y a uno de los coordinadores del Gabinete, Mario Quintana. Piensan presentar su proyecto de acuerdo productivo, un ambicioso programa de equilibrio entre apertura económica y protección al capital y al trabajo nacional; de creación de empleo y mejora del salario real; con compromisos sobre logística e infraestructura y el punto clave para Macri, también el más difícil: un avance hacia acuerdos sobre productividad. Habrá que ver si la coyuntura ardiente deja espacio para semejantes proyecciones estratégicas.

Mientras tanto la CGT se apuró el viernes a consagrar la declaración del paro para no debilitar su posición. De un lado tiene al Gobierno, que presiona con lo que ya dio en el año y la perspectiva optimista del mediano plazo. Del otro, las dos CTA unidas en la oposición a Macri le disputan espacio político. El tridente se completa con la intención de la CGT de jugar un papel central en la renovación peronista, que pretende sacudirse la tutela de Cristina.

Triaca sostiene que el paro cegetista sólo se explica por “razones políticas”. No niega las penurias que pasan millones de compatriotas, pero coincide con la idea de que la protesta sindical tiene que ver más con lo que ya pasó –los meses tan duros del ajuste– que con lo que viene.

La huelga, de concretarse, se haría hacía fines de octubre. En el camino hacia su eventual neutralización el Gobierno encuentra aliados. Algunos inesperados, como el economista Mario Blejer, destinado a un cargo clave en un hipotético gobierno de Daniel Scioli, quien diagnosticó que “hemos tocado fondo y estamos empezando a salir adelante, ya hay pequeños signos de reactivación”. No es de extrañar. Macri suele recomendar a sus funcionarios que “hablen con Miguel”. Se trata de Miguel Bein, otro economista clave que hubiese trabajado junto a Scioli, cuyas actuales proyecciones alentadoras suelen endulzar el oído del Presidente.

Aunque siempre mantendrá prudente distancia, el aliado principal del Gobierno en la tarea de contener la protesta social es la Iglesia. Los obispos no se quedaron cortos en reclamar por la asistencia urgente a los necesitados. Y desde las mismas parroquias se hizo conocer cuánto había crecido la demanda de alimentos en las zonas más desfavorecidas. Pero a la vez, el Episcopado le pidió a la CGT que agote los recursos del diálogo antes de lanzarse a una protesta.

Esa voz tiene fuerte gravitación porque detrás resuena la del papa Francisco, del que todos –sindicalistas y funcionarios– se declaran de algún modo feligreses. En correción política no les gana nadie.

El titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, había declarado al diario La Nación que “la prudencia tiene que ir acompañada de un ofrecimiento”. Como para que nadie diga que no entendió.

El jueves, con Marcos Peña a la cabeza, parte del Gobierno visitó a Arancedo y la cúpula episcopal. Los funcionarios abundaron en explicaciones sobre los esfuerzos sociales que despliegan. El comunicado posterior destacó las coincidencias sobre “el valor del diálogo y de los acuerdos entre la producción y el trabajo”.

Peña dice: “Todos buscamos bajar la tensión porque entendemos que es más fácil solucionar los problemas si evitamos entrar en una espiral de locura”.

Juan Carlos Schmid –del triunvirato de conducción de la CGT– sostiene: “Seguimos conversando porque lo principal es recuperar el poder adquisitivo que aquí perdió todo el mundo”.

A nadie le sobra nada. Ni el Gobierno tiene margen político para que la situación se le ponga explosiva. Ni la CGT tiene margen social para tirarse a la pileta sin pensarlo varias veces. Un sondeo de la consultora Synopsis revela que el 51% de los encuestados considera que su situación está peor que hace un año; un 37% cree que estará mejor dentro de un año y un 34% opina que estará aún peor que ahora; un 52% se expresa en desacuerdo con un paro sindical, mientras un 37% lo vería con buenos ojos.

La CGT pidió ver a Macri. Peña contestó que cómo no, que no habría problema. Pero Macri no se sentará con la jerarquía gremial si no tiene la garantía de que después no le harán un paro.

Voces importantes del Gobierno dicen que “no hay que dramatizar” si la huelga finalmente se concreta, porque al día siguiente tendrán que seguir hablando, trabajando y acordando con los gremios.

Ponen como ejemplo la mesa que Rogelio Frigerio creó en su ministerio, donde la UOCRA de Gerardo Martínez y la Cámara de la Construcción encabezada por Juan Chediak siguen día a día de la evolución de las licitaciones y desembolsos que están poniendo en marcha de nuevo la obra pública. De allí surgió el dato de que en agosto se ejecutó el 10% anual del presupuesto del área, lo que significa recuperar un ritmo normal. Y que en el mismo mes se crearon 5.000 nuevos puestos de trabajo en la construcción. “El gremio sabe que la economía arrancó y va a seguir mejorando, por eso están en una posición moderada”, dicen en el ministerio de Triaca.

Pero los mismos funcionarios vacunan contra el entusiasmo excesivo: es apenas el primer paso, dicen. Los albañiles perdieron 70.000 de los 120.000 empleos caídos desde que Macri empezó a corregir la economía.