“La llave la tiene el Gobierno nacional, que dice que facilita las importaciones, pero no ayuda a la industria local. Al importar, ganarán más y destruirán la planta”, había avisado los trabajadores de Dow a principios de octubre. Casi dos meses después se confirmó que no había intención de que siga produciendo en el país.

La 41 trabajadores de la petroquímica Dow, nucleados en SOEPU, llegaron a un entendimiento con la empresa que decidió cerrar la planta ubicada en el Gran Rosario y desde la compañía anunciaron a través de un comunicado un «acuerdo de desvinculación para los trabajadores alcanzados por el cese de operaciones de su planta de Poliuretanos de la provincia de Santa Fe».

Según trascendió los trabajadores habrían alcanzado montos por indemnizaciones que superarían el 50% lo que fija la ley y mantendrán la cobertura extendida de la obra social durante un año para el trabajador y su familia cuando la legislación vigente establece tres meses.

«El acuerdo alcanzado con la totalidad de los trabajadores contempla el pago de una indemnización ampliamente superior a la establecida por las leyes argentinas», informó la compañía a través de un comunicado.

«Este acuerdo garantiza a todos los trabajadores alcanzados, el acceso a un paquete indemnizatorio competitivo y superior al establecido por la legislación laboral, que les facilita contención durante su proceso de reincorporación al mercado de trabajo.», agregaron desde la petroquímica.

Por otro lado, la empresa le informó al gobierno de Santa Fe, a través de una nota al Ministerio de Trabajo, las intenciones de vender los activos de Puerto General San Martín, entre ellos, el predio de más de 30 hectáreas sobre el río Paraná.

«Durante este período, además, la compañía considerará oportunidades de venta de sus diferentes activos productivos en el Departamento de San Lorenzo, entre otras alternativas relativas al futuro de la planta», expresó el comunicado.

El acuerdo con los 41 trabajadores de planta y el anuncio de parte de la compañía convirtió en abstracto al proyecto de expropiación que tuvo media sanción en el Senado de Santa Fe semanas atrás cuando comenzaban las tratativas. El proyecto instaba al gobierno provincial a buscar compradores privados que se hicieran cargo de la empresa y mantener la mano de obra.