La iniciativa, que propone modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, había sido previamente rechazada por el sindicalismo y busca ahora su sanción en el Congreso como parte de la agenda oficial.

El proyecto y su alcance

La propuesta, denominada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, fue presentada por la diputada Romina Diez, de La Libertad Avanza, junto a otros legisladores de su bloque, como José Luis Espert y Gabriel Bornoroni. Según fuentes oficiales, el texto apunta a "impulsar el crecimiento de las empresas, potenciar exportaciones, formalizar empleo y generar cambios profundos en materia laboral".

Entre los puntos más relevantes, el proyecto modifica artículos clave de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo:

Irrenunciabilidad de derechos: Se permitiría que trabajadores renuncien a beneficios acordados por encima de la ley o convenios colectivos.

Cambios en condiciones laborales: El empleador podría alterar modalidades de trabajo sin que el trabajador tenga derecho a accionar para restituir las condiciones alteradas.

Beneficios sociales: Se incluirían prestaciones no remunerativas como alimentación o capacitación.

Flexibilización de vacaciones: Se permitiría su fragmentación y nuevas modalidades de otorgamiento.

Banco de horas y esquemas flexibles: Su implementación dependerá de acuerdos en convenios colectivos.

Además, el proyecto incluye medidas específicas para fomentar la producción, como beneficios fiscales para inversiones y estímulos al empleo formal, incluyendo créditos fiscales y exenciones de contribuciones patronales por nuevas contrataciones.

La postura del Gobierno y los gremios

En la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, aseguran que "el proyecto es beneficioso para todos, especialmente para los trabajadores y la generación de empleo". No obstante, desde la CGT ya manifestaron su rechazo, señalando que podría significar una pérdida de derechos laborales históricos.

“Sentarse a negociar sería convalidar la pérdida de derechos de los trabajadores”, advirtió un dirigente cegetista. Además, advirtieron que los números en el Congreso son ajustados y que el Gobierno podría buscar usar este debate con fines electorales si el proyecto no prospera.

Incentivos y beneficios económicos

Otro capítulo del proyecto incluye incentivos económicos como:

Bonos de Crédito Fiscal: Exclusivamente para contratos que incrementen la nómina total.

Exenciones impositivas: Hasta un 100% para microempresas y porcentajes decrecientes según el tamaño de la empresa.

Suspensión de planes sociales: Para quienes ingresen al empleo formal.

Exenciones en derechos de exportación: Para MiPyMEs que superen volúmenes previos de exportación.

El proyecto también contempla beneficios específicos para inversiones en bienes de capital e infraestructura, con incentivos que abarcan desde la devolución del IVA hasta la amortización acelerada.

La próxima disputa

El avance del proyecto podría abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto donde la CGT teme que esta reforma diluya derechos laborales fundamentales. Mientras tanto, el oficialismo planea priorizar su discusión en el Congreso durante el primer semestre de 2025, con la posibilidad de incluir modificaciones al texto para asegurar su aprobación.

Con el inicio del segundo año de gestión de Javier Milei, la reforma laboral se posiciona como uno de los temas más sensibles y polémicos de la agenda política y sindical del próximo año.