Maia Jastreblansky

El Gobierno intentará que el nuevo impuesto a las ganancias, que cambia las escalas y restituye la cuarta categoría, sea reglamentado en lo que queda de esta semana, según señalaron distintas fuentes oficiales. La modificación del tributo, que afectará a más de 800.000 trabajadores, es una prioridad de la gestión de Javier Milei que -pese a hablar de los impuestos como un “robo”- necesita robustecer la recaudación.

Se trata del capítulo más controvertido de la ley fiscal que sancionó el Congreso el 28 de junio. La cúpula de la CGT le reclamó ayer a la administración libertaria que subiera el mínimo no imponible para morigerar el impacto sobre los ingresos. Y hay gremios y gobernadores que ya advirtieron que planean judicializar el impuesto. Pese a estos planteos, el Gobierno avanzaría igual con los pisos que están previstos en la ley.

“Se está trabajando, debería salir esta semana”, dijo a LA NACION una fuente muy al tanto de los movimientos del Ministerio de Economía y la AFIP.

La reposición de la cuarta categoría obligará a tributar Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que sean solteros y tengan ingresos brutos desde $1.800.000 brutos; y los empleados casados y con dos hijos desde $2.340.000. En tanto, las alícuotas para calcular los pagos irán desde el 5% al 35%.

Héctor Daer, integrante del triunvirato que comanda la CGT, pidió el martes que se “actualice el punto de partida” del impuesto a las ganancias por los efectos de la inflación. “El proyecto de la ley [fiscal] se hizo en enero y hoy los valores son otros. La inflación de enero a esta parte generó que los $1.800.000 tenían un valor que hoy ya no tienen. Con lo que en enero se compraban diez kilos de pan hoy se compran cinco”, dijo el dirigente de la Sanidad.

El líder gremial hizo estas declaraciones cuando salía de un primer encuentro con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto de la reunión, el titular de la cartera laboral le transmitió a la cúpula de la CGT que su reclamo para actualizar el mínimo no imponible era atendible y se comprometió a trasladar el pedido a la Casa Rosada. La semana que viene Cordero recibirá al Grupo de los Seis, que nuclea a las principales cámaras empresarias del país. Su objetivo último es poder sentar al sindicalismo y al empresariado en una misma mesa -un “diálogo social tripartito”, dijo- para debatir una reforma laboral.

Parece difícil que el reclamo que hizo la CGT tenga impacto en la cúpula del Gobierno, que, de todas formas, no podría modificar las alícuotas de la ley sin pasar por el Congreso.

Reglamentación pendiente

Luego de que fueran sancionadas la Ley Bases y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, en el Gobierno habían manifestado que la puesta en marcha del capítulo fiscal era prioritario. El pasado viernes la gestión de Milei reglamentó parte ley fiscal en el decreto 608/2024. Incluyó allí la moratoria, el blanqueo y el nuevo impuesto a los bienes personales. Pero no avanzó con Ganancias, que, según había trascendido, era el punto más urgente para la administración nacional.

Esta semana, a su vez, la AFIP avanzó con resoluciones para fijar los procedimientos de la moratoria y el blanqueo de capitales, el último paso administrativo para implementar los nuevos regímenes. Según fuentes de la Casa Rosada, la reglamentación del nuevo impuesto a las ganancias se demoró por “asuntos técnicos” y no por factores políticos, como el reclamo de la central obrera.

Una de las decisiones que debe confirmar la gestión de Milei es si el impuesto se comenzará a descontar en los haberes de este mes. Tras la sanción de la ley, en la Casa Rosada aseguraban que “la idea” siempre fue que el nuevo impuesto “impacte sobre los sueldos de julio que se cobran en agosto”, pero en el Ministerio de Economía eran más cautelosos respecto a los meses que quedarían alcanzados.

Una vez que el Gobierno reglamente el impuesto a las ganancias –en principio el Poder Ejecutivo no puede modificar los pisos previstos en una ley- se podría abrir la etapa de la judicialización. Tanto en el peronismo como en la CGT vienen advirtiendo que presentarán amparos ya que la restitución de la cuarta categoría del impuesto “no fue votada por las dos cámaras del Congreso”, sino solo por Diputados. Durante el tratamiento legislativo, el Senado votó en contra de la reforma del gravamen, pero luego la Cámara de origen repuso los artículos en la sanción definitiva.

A su vez, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y su par de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ya anticiparon que podrían judicializar el reclamo, dado que una parte importante de los trabajadores de sus provincias tienen sueldos más elevados que el resto del país. Y el neuquino Rolando Figueroa pidió a funcionarios del Gobierno que consideren el reclamo de los gremios petroleros para que los trabajadores de esa actividad queden exceptuados del pago de este tributo.

La intención del Gobierno es que los planteos no recaigan en el fuero laboral, que en la gestión actual ya laudó en favor de los gremios con los amparos por la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023. Los libertarios prefieren los tribunales de Contencioso Administrativo.