La decisión se oficializó con la modificación del artículo 71 de la disposición 48/2019, que otorgaba a la Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros (AEFTP), conocida como "La Escuelita de la UTA", la exclusividad en la capacitación de choferes de colectivos.

“Por una disposición de 2019, quienes querían sacar una licencia profesional estaban obligados a capacitarse en una entidad vinculada a la UTA”, denunció el secretario de Transporte, Franco Mogetta. “Gracias a este beneficio, La Escuelita recibió anualmente más de 11.000 millones de pesos. Eso se terminó a partir de hoy”.

Desde ahora, se creará un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional, donde podrán inscribirse aquellos que deseen ofrecer los cursos, fomentando una competencia que, según el Gobierno, “igualará la cancha”. Mogetta no dejó lugar a dudas sobre el espíritu de la medida: “Un kiosco menos del sindicalismo en Argentina. Estamos dando la batalla cultural e igualando la cancha como nunca se hizo. Privilegios para nadie, competencia para todos”.

La decisión tiene implicancias directas en el sistema de formación de conductores y en los recursos que percibía el sindicato. Para los trabajadores, esto podría traducirse en una mayor oferta de capacitaciones y precios competitivos, aunque aún resta conocer cómo se implementará el nuevo esquema y qué controles se aplicarán a los futuros prestadores.

De esta manera, el Gobierno continúa con su agenda de desregulación, impactando en un punto clave para el gremio de colectiveros. La apertura del mercado de capacitaciones genera expectativas, pero también incertidumbre sobre el impacto en la calidad y acceso a los cursos, que son requisitos obligatorios para los conductores profesionales.