El Gobierno ordenó que la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA) fuera intervenida por el plazo de 180 días (seis meses), con la intención de regularizar la situación en la que se encuentra la institución. De acuerdo con los resultados de la auditoria a la que fue sometida, se señaló la ausencia de documentación respaldatoria, facturas pagas sin las constancias correspondientes, y falta de información hacia los afiliados.

La intervención fue oficializada por medio de la publicación del Decreto N° 230/2025 en el Boletín Oficial, en donde se aclaró que el tiempo establecido estaría sujeto a ser extendido. Asimismo, se facultó al Ministerio de Salud a extender el tiempo establecido en el documento, en el caso de que se requiriera un plazo más extenso para cumplir con los objetivos planteados.

De la misma manera, designaron como interventor a Graciano Iván Corte, por lo que establecieron que contará con “facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud le otorga al Consejo Directivo”. Por este motivo, remarcaron que tendrá bajo su responsabilidad la tarea de entregar un informe mensual a la cartera sanitaria respecto a los avances y modificaciones que se realicen en el organismo.

La medida fue aprobada por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, luego de que un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) detectara diversas irregularidades en OSPICHA a través de una auditoría integral realizada en la entidad.

OSPICHA será intervenida por un plazo de 180 días (Captura de Google Maps)

 La evaluación a la que fue sometida la obra social reveló deficiencias tanto en el área prestacional como en la administrativa, entre ellas, la falta de documentación respaldatoria necesaria en varios legajos correspondientes a los años 2018-2024, presentando solo 13 de los 19 legajos requeridos.

Al mismo tiempo que se observaron irregularidades en los pagos, con la falta de documentación adecuada en varios legajos de beneficiarios, como facturas o comprobantes de transferencia, y en algunos casos, no se presentó ningún tipo de documentación, también se detectaron problemas en la carga de los códigos de prácticas ante el Mecanismo de Integración.

Por otro lado, en el ámbito administrativo y contable, se informó que OSPICHA percibió más de 731 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución y adeuda 16.588.777 pesos en Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF).

Además, el análisis económico reveló una deuda pendiente de 90.253.867 pesos en pasivos prestacionales y que, aunque el nivel de gastos administrativos estaba dentro de los parámetros legales, es decir, por debajo del 8% de recursos utilizados, pero que el resultado operativo de la entidad seguía siendo negativo.

El ministro de Salud tendrá la facultad de extender la intervención, si no llegara a cumplirse los objetivos en el plazo establecido

La Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud también advirtió problemas en la accesibilidad de los usuarios a las prestaciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el acceso es limitado. Asimismo, se destacó la falta de actualización y de información sobre la cartilla de prestadores en el sitio web de la institución, así como la ausencia de protocolos en temas como salud mental y violencia de género.

En línea con esto, denunciaron que la institución no había presentado el Programa Médico Asistencial que correspondía para el período 2024 y apuntaron que “no hay especificación de objetivos, metas, recursos humanos, recursos materiales, guías de atención, mecanismos de evaluación y resultados esperados de los programas preventivos”.

En cuanto al cumplimiento de las normativas, la auditoría mostró que la entidad no presentó el Programa Médico Asistencial para el periodo 2024 ni cumplió con los requisitos establecidos por las resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Luego de que la obra social presentara una serie de descargos y defensas ante las acusaciones, las autoridades concluyeron que los argumentos no modificaban los hallazgos de la auditoría y, en función de ello, propuso la intervención de la obra social.