Por Francisco Aristi

Tras la intervención de la Obra Social del sindicato de Trabajadores Rurales, el Gobierno puso segunda y pidió la intervención misma de la UATRE. Apuntan contra José Voytenco por manipular la vida interna del gremio y supuestos desmanejos financieros que perjudicaron a los afiliados.

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Apenas empezado el mes de febrero, el Gobierno pateó el tablero sindical con un pedido explosivo. Con la firma del secretario de Trabajo, Julio Cordero, el gobierno nacional pidió la intervención judicial de la Unión de Trabajadores Rurales, uno de los principales gremios del país que es manejado por José Voytenco.

El argumento para la solicitud es que el secretario general convocó a un Congreso nacional excluyendo adrede a seccionales y congresales de la oposición que "que podría significar un trato discriminatorio y una vulneración a los derechos sindicales de los afiliados que habrían elegido a sus delegados congresales y, en consecuencia, permitir la realización del acto convocado podría cercenar derechos difíciles de reparación ulterior".

El pedido de intervención del Gobierno

El trasfondo de la resolución fue que pese a las presentaciones de los diferentes seccionales controladas por la oposición gremial, algunas ordenadas bajo la conducción Pablo Ansaloni, el secretariado nacional mantuvo la convocatoria al Congreso que se realizó en la ciudad de Puerto Madryn. Eso motivó la intervención de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo que impugnó el encuentro y recibió el respaldo de la cúpula de Trabajo tal como fue argumentado en el escrito.

"Se evidencia que dicho evento se llevó a cabo soslayando la suspensión dispuesta, incumpliendo las resoluciones estatales, afectando la gobernabilidad del sindicato y la validez de las decisiones adoptadas en el mencionado Congreso", sostienen los funcionarios que también advierten "que se han presentado distintos escritos con impugnaciones, denuncias de situaciones relacionadas con el quebrantamiento de derechos e intereses de importantes sectores de trabajadores agrupados en la entidad sindical" que configuran "el desacato a una resolución judicial firme y la omisión de responder a requerimientos administrativos vinculados a dichas resolución".

Un pelea por una caja millonaria

El pedido de Cordero para "normalizar" la UATRE, responde a una serie de movimientos políticos y judiciales que destaparon el supuesto desfalco y manejo irregular de los recursos de la entidad gremial. A poco de asumir, el ministro de Salud, Mario Lugones, selló a través de la Superintendencia de Salud la intervención de Osprera, la poderosa obra social sindical que está entre las más importantes del sistema solidario, por supuestas irregularidades y renovó la cúpula de la prestadora de salud.

La medida abrió un frente de denuncias y contradenuncias entre los sindicalistas y funcionarios que aún está lejos de resolverse. Una vez desembarcado el interventor, Marcelo Petroni, se puso en marcha una auditoría interna para establecer en qué condiciones se encontraba la obra social de los peones rurales. En enero se conocieron los resultados, con un diagnóstico lapidario.

Según el balance de la intervención, la OSPRERA atraviesa una crisis financiera sin precedentes acumulando deudas por casi 100.000 millones de pesos. Para ser más precisos, el informe menciona que la deuda total es un 94% superior a la informada previamente y que asciende a los 97.899 millones de pesos, a partir de el incumplimiento de acuerdos con prestadores médicos, farmacias y proveedores de servicios esenciales. También se detectaron desvíos de fondos y falta de documentación en procesos clave, e irregularidades en la contratación de proveedores y en las prestaciones: sobrefacturación y contratos sin contraprestación.