El Gobierno evalúa por estas horas qué decisión tomar frente a la caducidad de dos medidas que surgieron como herramientas de emergencia, pero —para fastidio del sector empresario— llevan dos años vigentes: el decreto que establece la doble indemnización y el que prohíbe suspender o despedir personal por motivos económicos.

Si bien en el Ministerio de Trabajo anticipan que la definición se tomará cuando se acerque la fecha de caducidad de los decretos, el 31 de diciembre próximo, la postura más firme hasta el momento es la de adoptar un mecanismo de flexibilización que, sin liberar abruptamente el "cepo laboral", contribuya a generar gradualmente una normalización.

Según explicó a elDiarioAR el abogado laboralista Julián de Diego, en el caso de la doble indemnización hay dos mecanismos que permiten una salida progresiva. Por un lado, una reducción del porcentaje de indemnización "extra". Del 100% que se cobra actualmente por encima de la indemnización reglamentaria, se podría bajar, por ejemplo, al 50%. Este fue el modelo de salida del esquema que usó el exministro Carlos Tomada en 2004. 

La segunda opción es un mecanismo de baja gradual del “techo”. Esta pareciera ser la elegida para Moroni, dado que ya se dio un primer paso en este sentido al incluir en la renovación de enero pasado un valor tope de $500.000 para las indemnizaciones. Así, el tope podría volver a bajar y ubicarse en $300.000 o $200.000, por ejemplo. Esta opción perjudica más a los trabajadores con mayor antigüedad, a los que les correspondería un mayor monto de dinero en la salida. 

"Hasta la fecha de vencimiento no tendremos una definición", dijeron en el Ministerio de Trabajo Ministerio de Desarrollo Productivo

En cuanto a la prohibición de despedir, la salida gradual es un poco más compleja de instrumentar. Hoy la forma de desvincular a un empleado o empleada implica llegar a un acuerdo común entre las partes respaldado por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que implica una extinción de su contrato por mutuo acuerdo. De otra manera, el empleado puede ir a la Justicia y obligar a la empresa a reincorporarlo. Por este motivo es que los retiros “voluntarios” fueron la herramienta con la que las empresas gestionaron sus plantillas durante los últimos dos años. 

Una posibilidad para evitar la salida abrupta en este frente es ampliar las razones por las que se permiten las desvinculaciones. Flexibilizarlas en algunos casos puntuales como, por ejemplo, el cierre de locales o habilitarlas en los casos en que se mantengan por debajo de determinado porcentaje de la planta total de trabajadores. 

"Hasta la fecha de vencimiento no tendremos una definición; es algo que se está hablando con gremios y define el Presidente", dijeron a elDiarioAR en la cartera que conduce Claudio Moroni. Anticiparon que la decisión estará basada en los datos de recuperación de la actividad económica y el empleo, pero también las perspectivas epidemiológicas. La variante Ómicron y sus posibles efectos son variables que están sobre la mesa. 

El decreto 329/2020, del 31 de marzo de 2020, estableció la prohibición de los “despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por el plazo de 60 días, pero se fue prorrogando en reiteradas oportunidades y actualmente se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre. Se extendió hasta la misma fecha la doble indemnización en caso de despido sin justa causa, disposición fijada inicialmente por 180 días en el DNU 34/2019, publicado antes de la pandemia, horas después de la asunción de la presidencia por parte de Alberto Fernández. 

Estas medidas, junto con otras destinadas a asistir económicamente a las empresas, generaron que el empleo asalariado registrado resultara relativamente poco afectado en relación con la profundidad de la retracción de actividad económica en 2020. El golpe acusado fue mucho más fuerte para las categorías laborales menos protegidas, como el empleo informal o por cuenta propia.

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, dijo algunos días atrás que el empleo asalariado registrado recuperó el 75% del perdido durante la pandemia. Según los datos del Sistema Previsional Integrado Argentino (SIPA) en febrero de 2020 había 6.042.400 trabajadores registrados en el sector asalariado privado, y en septiembre de 2021 (ultimo dato disponible) eran 5.918.000. Es decir, el saldo es negativo por 124.400 puestos, muy por debajo de las pérdidas que se estiman en el sector informal.

En el decreto de prohibición de despidos también se limitaron las suspensiones, con la excepción de aquellas que se realizaran en los términos del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Se trata de un artículo que habilita las suspensiones en caso de "falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada", figura que permite discontinuar el pago de aportes y que sirvió para contener las desvinculaciones.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anticipó que se inclina por un desarme gradual

En los primeros meses de la pandemia la cantidad de empresas que aplicó suspensiones alcanzó niveles récord, que comenzaron a bajar en línea con la reactivación. Según los últimos registros oficiales disponibles, el porcentaje de empleos suspendidos pasó del máximo de 8,8% en mayo de 2020 a 0,9% en octubre. Por su parte, en julio de 2020 se registró el máximo de empresas que aplicaron suspensiones (19,4%), reduciéndose a partir de entonces hasta alcanzar el 8% en octubre de 2021. 

La eliminación de estos decretos —que, cabe recordar, no aplica para las personas que fueron contratadas luego de su implementación— es un reclamo recurrente del sector empresario. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, los definió como el origen de un "triple cepo laboral" que atenta contra la generación de empleo. Para Funes de Rioja hubo un incremento de alrededor del 30% en las horas extras, lo que evidenciaría que “cuando se generan obstáculos para despedir se dificulta también la entrada” de trabajadores y se busca solucionar las necesidades con la plantilla existente. 

En más de una ocasión el empresario dijo que las medidas de emergencia deben ser tomadas como tales y durar “lo razonablemente posible”. “El año pasado tampoco estábamos de acuerdo con las medidas, pero lo entendíamos”, dijo el día de su asunción al frente de la central fabril. 

Ante una reunión con la cúpula de la UIA, donde estuvo presente el CEO de Techint, Paolo Rocca, Moroni les hizo la promesa que querían escuchar. Dijo que "como se está normalizando la situación porque la Argentina está creciendo al 9% es altamente probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas".