La relación con el sindicalismo le plantea al Gobierno dos problemas: en lo inmediato, la resolución de las paritarias de este año, y por otro la recomposición del vínculo tras los cruces motivados en la fallida reforma laboral y la saga de encarcelamientos de dirigentes e investigaciones que salpican a los más encumbrados líderes de la CGT. La administración de Mauricio Macri analiza por estas horas cómo reconstituir el diálogo por fuera de la central sindical y también de otros nucleamientos internos que quedaron golpeados por la Justicia y se mostraron estériles para brindarles garantías a los funcionarios, como las 62 Organizaciones. 

Entre diciembre y los primeros días del año el ida y vuelta entre la dirigencia tradicional y el Ejecutivo fue vertiginoso. En ese lapso la reforma laboral pasó de ser prioridad absoluta a un ítem más de la agenda legislativa ordinaria, a la espera de un improbable acuerdo con el PJ; la CGT revalidó su triunvirato de conducción y de inmediato lo sentenció de muerte por la inminencia de un Congreso ordenador entre marzo y mayo; quedaron presos Marcelo Balcedo y Humberto Monteros, dos gremialistas sin mayor relevancia en el universo sindical pero salpicados por las más variadas denuncias, y dos pesos pesados como Hugo Moyano y Víctor Santa María se vieron acorralados por investigaciones tanto judiciales como gubernamentales de final todavía incierto. 

El ala política del Ejecutivo, más cautelosa pero en general por detrás de la económica, sabe que los beneficios de corto plazo del fantasma carcelario para un gremialista como Moyano esconden riesgos mayores en términos de gobernabilidad. Y no sólo por la capacidad de daño del camionero, que impera en un sector del que depende más del 90% de las cargas transportadas en la Argentina, sino también porque un vacío de dirigentes tradicionales podría ser ocupado por sindicalistas incluso más inmanejables, sean de izquierda o simplemente radicalizados. Más de un banquero extraña los tiempos del procesado Juan José Zanola en comparación con los del radical Sergio Palazzo. 

El traspié oficial con la reforma laboral dejó expuesta la fragilidad del diálogo entre la CGT y los funcionarios. Mientras que un sello como 62 Organizaciones, en el que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se apoyaba para incidir en la interna gremial, se mostró ineficaz en esa estrategia y corre serio riesgo de ser desactivado tras la captura de Balcedo, uno de sus promotores. El proceso de deterioro ya había comenzado con la muerte de su principal referente, el rural Gerónimo Venegas. 

En la búsqueda de una interlocución más fiable Triaca explorará nuevas alternativas. Además de los vínculos personales que cultivó desde el inicio de su gestión el ministro profundizará acercamientos con espacios sindicales referenciados por actividad, como las confederaciones del Transporte (CATT), la Energía (Catheda) o las industrias de la Alimentación (Casia), que operan de forma transversal a otros grupos internos conformados por afinidades más políticas. 

Por caso, tanto en la CATT como en la Catheda el Gobierno logró puntos de encuentro con el líder camionero que no había logrado en la CGT por resistencia de Pablo Moyano, su hijo mayor y lugarteniente en el gremio de los conductores. En ambos sellos el carácter transversal es claro: la confederación de transportistas reúne a Moyano con Roberto Fernández (colectiveros) y Omar Maturano (maquinistas de trenes), además de dirigentes portuarios y aerocomerciales, en tanto que la central de gremios energéticos involucra al camionero con los petroleros Guillermo Pereyra y Antonio Cassia y el líder del personal de empresas de gas, Oscar Mangone, tres referentes de las 62 Organizaciones que integran un reducido pelotón de sindicalistas confiables para la Casa Rosada.