Por: Mariano Martín.

El Gobierno prevé lanzar hoy su mayor golpe contra el sindicalismo opositor al empujar a la ilegalidad el paro nacional convocado para mañana por Hugo Moyano junto con centrales y grupos disidentes. Lo hará de manera coordinada con sectores empresariales a través de una oleada de conciliaciones obligatorias dirigidas a los gremios adherentes a la huelga. Buscará así desactivar la medida de fuerza o de mínima dejar a los sindicatos convocantes al borde de ser multados y sancionados en caso de sostener la protesta. Desde el Ejecutivo hubo durante el fin de semana mensajes de advertencia en esa línea hacia algunos gremios con el propósito de disuadirlos de parar.

La estrategia, que este diario adelantó el 16 de abril, se tejió en silencio la semana pasada entre el Ministerio de Producción y Trabajo y las empresas, tanto privadas como públicas, que viesen sus actividades comprometidas por la huelga de mañana. Entre otros, el Gobierno se aseguró pedidos de conciliaciones de las principales compañías aéreas, con las estatales Aerolíneas Argentinas e Intercargo a la cabeza, y de privadas como Avianca, Andes y Latam, confirmaron funcionarios a este diario. También, de las empresas y entes públicos que operan en las zonas portuarias.

Mientras que algunos organizadores del paro, al tanto de la maniobra oficial, dijeron esperar una acción similar por parte de las cámaras que nuclean a los bancos para forzar una conciliación con la Asociación Bancaria, uno de los gremios protagonistas de la medida de fuerza. El jefe de esa organización, Sergio Palazzo, había advertido en el plenario en el que se anunció el paro que los huelguistas necesitarían una cobertura por parte de la CGT, algo que la central obrera denegó.

En el Ejecutivo deslizaron que también pedirían una tregua administrativa los transportistas de carga asociados a Fadeeac, pero en esa entidad respondieron con una negativa tajante y recordaron una serie de incumplimientos de los funcionarios a las promesas hechas en las últimas reuniones frente a los pedidos sectoriales. La cámara de transportistas cambió su jefatura hace pocos meses y el Gobierno daba por sentado su alineamiento al oficialismo -la anterior conducción era un apéndice patronal de Moyano- pero sus directivos se lo desmintieron a este diario de plano.

Se trata en cualquier caso de una acción que apunta al flanco débil de la convocatoria de Hugo Moyano y su Frente Sindical por el Modelo Nacional: la falta de aval formal de la CGT, en la Argentina la única central obrera con reconocimiento pleno según los parámetros de la ley de Asociaciones Sindicales. A falta de ese llamado centralizado, los gremios aliados de Moyano debieron anunciar por su cuenta las respectivas adhesiones a la huelga y de manera individual. Esa metodología de sumatoria a la protesta dejó a los organizadores a tiro de las conciliaciones obligatorias que hoy tiene pautado lanzar en cadena la cartera que encabeza Dante Sica. Es un instrumento de uso habitual en los conflictos individuales entre empresas o cámaras sectoriales y gremios, pero que en los últimos años jamás se utilizó para neutralizar un paro nacional.

El dictado de las conciliaciones abrirá un capítulo inédito en la confrontación Gobierno-sindicatos. Si bien la administración de Mauricio Macri dio sobradas muestras de su voluntad por acallar la protesta de los gremios más reivindicativos (bancarios, docentes, camioneros, entre otros) mediante multas administrativas, sanciones multimillonarias y golpes a sus convenios colectivos de trabajo destinados a privarlos de fuentes de financiamiento, la maniobra que pondrá en marcha hoy promete tener un carácter masivo por el número de sindicatos involucrados.

Por lo pronto, apunta a dejar en la virtual ilegalidad a los camioneros de Moyano; a todo el bloque de sindicatos aeronáuticos adherente al paro, que incluye a los pilotos de APLA y UALA, técnicos de APTA, tripulantes de a bordo de AAA, personal en tierra de APA y jerárquicos de UPSA, entre otros; a los marítimos del SOMU y del Centro de Capitanes de Ultramar, así como a cualquier otra organización que hubiese lanzado el paro y cuya contraparte empresarial se haya presentado o esté por hacerlo ante la cartera laboral.

El plan gubernamental que adelantó este diario a mitad de mes tiene como aliada, al menos implícita, a la conducción de la CGT y también de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Desde el lanzamiento del paro, Héctor Daer, Carlos Acuña y los grupos que los sostienen, los “gordos” de los grandes gremios de servicios, los “independientes” de buen diálogo con Cambiemos y el gastronómico Luis Barrionuevo, dejaron claro que no darían un respaldo formal a la medida de fuerza. De hecho la mayoría de ellos eligió el silencio para evitar que se los sindicara como socios circunstanciales del Gobierno en este trance.

Sin embargo, varios de ellos admitieron que un golpe de la administración de Mauricio Macri a Moyano y sus aliados será un escarmiento justificado para quien, siempre en su mirada, fue uno de los mayores responsables de la atomización dentro de la CGT. La última vez que el Ejecutivo sancionó al camionero le fijó una multa por cerca de mil millones de pesos que quedó en suspenso al ser judicializada. La especulación oficial sostiene que muchos sindicatos convocantes de la medida de fuerza cuentan con menos espalda financiera y menos músculo gremial que Moyano como para arriesgarse a una penalización de esas características.

La apuesta no deja de ser riesgosa también para el Gobierno. A falta de la CGT y la CATT el paro tuvo apoyos de la Federación Internacional del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), donde Pablo Moyano ejerce como vicepresidente desde el año pasado, y de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la mayor central gremial del mundo. Castigar con herramientas administrativas una huelga podría dejar al Ejecutivo al borde de señalamientos y objeciones de entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).