Después de convenir un nuevo tramo de la paritaria sectorial la semana pasada con UPCN, el Gobierno transmitió a los gremios que representan a los estatales nacionales su decisión de no conceder más aumentos salariales en lo que resta del año.

La misma determinación, según consignó Clarín, fue anticipada también a la representación sindical en el resto de las negociaciones en las que el Estado discute salarios como empleador, y la apuesta de la administración de Javier Milei es que el esquema que pretende imponer en el sector público se generalice como la principal referencia para las paritarias en la actividad privada.

El objetivo de fondo es moderar las subas salariales de modo tal de despejar cualquier factor de presión sobre la inflación que el Ejecutivo aspira a que converja en un nivel lo más cercano a 0% al final del año. Es decir, exprimir la licuadora hasta el final.

El plan de la gestión libertaria supone avanzar primero con la definición de las subas en el sector público para marcarle el terreno a las discusiones entre gremios y empresas de la actividad privada que en su mayoría deberán negociar los aumentos del último trimestre. Con ello -interpreta- lograría encarrilar sus expectativas inflacionarias para ubicarlas en torno al 3% en septiembre, cerca del 2% en octubre y desde allí profundizar el camino descendente.

El esquema alentado por el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, contempla que los incrementos de octubre se ubiquen en torno al 2% para desde allí trazar un sendero de congelamiento en el bimestre noviembre-diciembre.

Se trata de un camino audaz presentado por el oficialismo que incrementa la presión y la carga tensión a la bomba de tiempo que puede detonar en las fiestas, de la mano del crecimiento de la pobreza que se verificará con las próximas estadísticas oficiales.