El acuerdo firmado entre el Gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares incluye exigencias vinculadas al sistema laboral argentino. Si bien no menciona expresamente a la CGT ni a los sindicatos, promueve reformas que afectan de forma directa la estructura gremial. Varias de esas medidas ya se están implementando mediante resoluciones, decretos o leyes aprobadas por el Congreso.

Eliminación de la intermediación en obras sociales

Una de las principales medidas fue la implementación de la Resolución 1/2025 , dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que elimina la intermediación entre las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga.

La normativa permite que los aportes y contribuciones de los trabajadores sean transferidos directamente a las prepagas sin pasar por las obras sociales gremiales. Con esta resolución, alrededor de 1.400.000 afiliados que hasta ahora derivaban sus aportes a través de una obra social podrán hacerlo de forma directa. Esta modificación cambia el flujo de financiamiento hacia el sistema de salud sindical y se enmarca en los lineamientos del acuerdo con el FMI, que promueve la libre elección de prestadores.

Convenios colectivos por empresa

El Gobierno promueve una modificación del esquema tradicional de negociación colectiva, basado en convenios por rama de actividad. El nuevo enfoque impulsa acuerdos por empresa, lo que implica un cambio en la forma en que se establecen salarios y condiciones laborales.

Este criterio ya aparece contemplado en la Ley Bases , aprobada por el Congreso, que habilita marcos de negociación fragmentados en algunos regímenes de promoción, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) . En estos casos, se prevé que las condiciones laborales puedan establecerse por fuera de los convenios colectivos de actividad.

Fondo de cesación laboral y falta de reglamentación

Uno de los artículos incorporados en la Ley Bases contempla la posibilidad de establecer un fondo de cese laboral como alternativa al régimen tradicional de indemnización por despido. Sin embargo, este artículo no fue reglamentado debido a que no se logró un acuerdo tripartito entre el Gobierno, los empresarios y la CGT.

Frente a la imposibilidad de avanzar por esa vía, el Ejecutivo sostiene como estrategia la modificación de los convenios colectivos vigentes, apuntando a establecer mecanismos de negociación directa por empresa.

Registro laboral y fiscalización

El Gobierno lanzó en 2024 el programa "Empleo Transparente" , con el objetivo de digitalizar los registros laborales. Esta iniciativa está en línea con el acuerdo con el FMI, que plantea la necesidad de modernizar los sistemas de registro y control.

En paralelo, el acuerdo promueve una revisión de las presunciones legales a favor del trabajador, lo que podría implicar modificaciones en el proceso de litigios laborales y en las herramientas de fiscalización que hoy utilizan los sindicatos.

Estado de situación normativa

Algunas de las reformas que afectan al sistema sindical fueron incluidas en el DNU 70/2023 , pero su capítulo laboral fue suspendido por la Justicia Nacional del Trabajo en enero de 2024, a raíz de una presentación realizada por la CGT. Esa parte del decreto se encuentra actualmente sin efecto, hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad.

Otras, como la habilitación de convenios por empresa o la posibilidad de establecer un fondo de cese laboral, sí fueron aprobadas por ley , aunque en algunos casos aún requieren reglamentación para entrar en vigencia.