Por MARIANO MARTÍN

La CGT intentará la semana próxima con una reunión de su "mesa chica" reanudar su dinámica habitual tras la participación de buena parte de la dirigencia en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la tensión interna que generó la estrategia diferenciada respecto de la ley Bases. El objetivo será apaciguar el malestar presente en las dos orillas más contrapuestas: de un lado, por la declaración pública de Andrés Rodríguez acerca de la participación de la central obrera en el diseño de la reforma laboral que debatió el Congreso -algo que la jefatura había intentado negar de manera sistemática-, y del otro, por los movimientos inconsultos de Pablo Moyano para obstaculizar esa norma. Nadie prevé, de todos modos, nuevas medidas de fuerza en el corto plazo. 

El encuentro (resta precisar la fecha) también servirá para poner en común el resultado en cada gremio de la nueva etapa de diálogo y colaboración que prometió abrir el Gobierno mediante una gestión más fluida de las paritarias y la conflictividad en el área de Trabajo y de escucha y solución de los problemas de las obras sociales con las varias oficinas de Salud, en donde talla como jefe informal el asesor Mario Lugones. Con ambos hubo un contacto en crecimiento, ya sea en Ginebra, Suiza, con Julio Cordero, o en Buenos Aires con Lugones en la reunión secreta del 31 de mayo que reveló El Destape. 

Mientras esas gestiones se llevaban a cabo con la participación prioritaria de Héctor Daer, el hijo mayor de Hugo Moyano ponía una vez más en alerta a los "gordos" de los grandes gremios de servicios y a los "independientes" siempre dispuestos al diálogo con todos los gobiernos. El gesto que más le reprocharon fue haber usado las instalaciones y el logotipo de la CGT para la organización de la marcha del 12 de junio al Congreso para rechazar el proyecto de Bases. Las quejas llegaron desde Europa y obligaron al camionero a seguir adelante con su protesta pero sin hostigar a sus colegas que habían resuelto, tal como había anticipado este medio un mes atrás, no movilizarse. 

La respuesta de los espacios más negociadores se hizo pública al día siguiente con un video que difundió Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN y número dos de la CGT, quien asumió la vocería de esos grupos en su decisión de no haber movilizado. En esa alocución el gremialista incluso se refirió abiertamente a las negociaciones que la central obrera mantuvo en el Congreso "para atemperar" capítulos de la ley como los relacionados a la reforma laboral y la reinstalación del impuesto a las Ganancias. Y de paso, aunque condenó el accionar represivo de las fuerzas federales al mando de Patricia Bullrich mencionó que hubo sectores que "provocaron" esa respuesta. Entre los participantes en la marcha se encontraban Camioneros, los mecánicos de Smata, la Asociación Bancaria y otros gremios de la central mayoritaria. 

La tensión entre los dos sectores con mayor peso en la CGT amagaba con torpedear una unidad que había puesto a la organización a la vanguardia de la oposición a Javier Milei desde el arranque de su gestión. Tanto el primero paro por 12 horas del 24 de enero como el segundo, por 24, el 9 de mayo, así como varias movilizaciones propias y la participación en otras tantas de sectores diversos como el universitario, las mujeres en el 8M o las organizaciones de derechos humanos el 24 de marzo, habían dejado al sindicalismo habitualmente tildado de burócrata como el sector que hilvanó las respuestas más contundentes contra la gestión libertaria. De hecho fue un amparo de la CGT el que bloqueó en la Justicia la reforma laboral que contenía el DNU 70/23. 

Mientras crecía el malestar comenzó a tejerse un plan de contención. Lo hicieron desde la cumbre de la OIT Gerardo Martínez (albañiles, Uocra) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). El primero, como referente de los "independientes" y virtual canciller de la CGT, y el segundo como alfil de Pablo Moyano pero con diálogo con todos los espacios internos. 

Incluso los conciliadores dieron por hecho que la tregua contendrá también a Luis Barrionuevo, que pasó de ser fugaz aliado de Javier Milei durante un tramo de la campaña electoral a uno de sus objetivos de ataque favorito. Al menos tres señales en esa dirección: la devolución a un rival suyo, Angel García, de la obra social del gremio de seguridad (Upsra) tras una extensa intervención que había arrancado en la gestión de Alberto Fernández; la certificación de autoridades por parte de Trabajo a favor de su excuñado y exaliado Dante Camaño al frente de la seccional Buenos Aires de los gastronómicos, y los intentos recurrentes del oficialismo por derogar el estatuto del viajante cuyo sindicato, a cargo de Luis Cejas, le responde linealmente.