Así sorprendió el sindicato metalúrgico de esa ciudad fueguina, donde está radicada la mayoría de las empresas electrónicas, luego de que el 13 de noviembre pasado, su delegado, Oscar Martínez, firmara con AFARTE, el acuerdo que congela por dos años la paritaria que cierra el 30 de junio de 2018.

Ese acuerdo es parte del convenio que luego las empresas y la UOM firmaron con el gobierno nacional y provincial, donde cada uno aporta su parte para bajar los costos de producción, de manera de lograr que los impuestos internos de los productos que no se fabrican en la isla bajen gradualmente hasta 2024. Una modificación al proyecto original de reforma tributaria, que proponía una baja a 0% a partir del año que viene.

"Vamos a solicitar que el acuerdo no sea homologado y a partir de ahí veremos qué posiciones asumen el resto de las partes", dijo en conferencia de prensa el secretario adjunto de la UOM regional, Marcos Linares, al considerar que han sido modificadas las condiciones del entendimiento. Sucede que la semana pasada, el Gobierno liberó la importación de electrónicos al oficializar que las licencias pasarán a ser automáticas. Hoy Río Grande realizará un paro de 14 a 17. En tanto, la UOM de Ushuaia seguiría adelante con el acuerdo.

Según explicaron fuentes de la UOM nacional, "los que están en contra son los delegados. En las asambleas, los trabajadores habían aceptado el acuerdo. No es un tema de bases, sino de delegados. Y el secretario general, Martínez, tampoco está de acuerdo. Pero si la gente estuvo de acuerdo en las asambleas, no se puede ir por encima de lo que dice la gente". Y agregaron: "Ahora surgió que en una asamblea que hicieron los delegados decidieron hacer marcha atrás, desoyendo lo que los trabajadores habían dicho".

Las empresas apuestan a que se revierta la decisión: "Confiamos en que revisen su posición".

La semana pasada el Gobierno estableció por decreto la baja gradual de impuestos internos. En Producción subrayaron que el acuerdo que requiere homologación es el que firmó AFARTE con los sindicatos, no el que enmarca el decreto y busca reducir el precio de la tecnología.