“El gobierno actual ha tomado decisiones contrarias a su deber de garantizar y cumplir con el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina,” subraya el informe de ATE Capital. La organización señala varias medidas gubernamentales que, según afirman, han debilitado significativamente el sistema de protección de derechos.

Una de las principales críticas es la "degradación del rango institucional" del organismo encargado de las políticas públicas de niñez y adolescencia, que ha pasado de ser una Secretaría de Estado a una Subsecretaría. A esto se suma "una drástica reducción del presupuesto destinado a estas políticas, con un recorte del 75% en términos reales," lo que, según ATE, ha provocado la "eliminación y/o puesta en pausa de la ejecución de programas ya existentes", algunos de ellos establecidos por leyes nacionales.

Además, el informe denuncia "despidos masivos de trabajadores y trabajadoras del organismo rector de políticas públicas de niñez y adolescencia," en su mayoría profesionales con muchos años de experiencia. 

Otra preocupación destacada es la propuesta de un nuevo régimen penal juvenil que, según ATE Capital, es "contrario a los principios de la Convención de los Derechos del Niño y a la Ley 26.061," ya que propone bajar la edad de punibilidad a los doce años. "Las políticas represivas para la niñez y la adolescencia son la contracara de la disminución presupuestaria de las políticas de promoción y protección de derechos," concluye el informe, advirtiendo que esta situación lleva inevitablemente a un debilitamiento global del Sistema de Protección de Derechos.