Cabe recordar, que a mediados de octubre, el portal Infogremiales había señalado que la cúpula de la conducción nacional del gremio que nuclea a los obreros de la construcción miraba con recelos las denuncias iniciadas en distintas localidades del país en relación a la discrecionalidad con que en algunos casos, se utilizaba el cubo de viviendas destinados originalmente a los  obreros afiliados a la entidad gremial.

La denuncia iniciada por Oscar López coincide con la asunción de la Dra. Noemí Ferrioli como Interventora del IPVyDU, reemplazando al reciente fallecido ex interventor Gustavo Durán Borelli, quien a la vez se desempeñó  como presidente del Consejo Nacional de Vivienda, durante tres mandatos consecutivos.

Según el diario La Gaceta, fuentes judiciales cercanas a la fiscala Adriana Giannoni -a cargo de la investigación-, en el fuero penal estarían analizando la posibilidad de imputar a funcionarios jerárquicos de la repartición, Miguel Jiménez Augier (ex Coordinador de Políticas Habitacionales) y Lucas Barrionuevo (Coordinador de Programas Federales) por presunto enriquecimiento ilícito. Si bien en un principio las causas no estarían vinculadas, no se descarta que el crecimiento patrimonial de ambos funcionarios pueda llegar a tener algún tipo de relación con los elementos centrales de la causa, en la cual se presume que existiría un modus operandi orquestado para la venta ilegal de viviendas sociales.

El letrado denunciante hizo hincapié en la existencia de  denuncias preexistentes sobre la venta de casas del cupo UOCRA, motivo por el cual pidió que se cite a declarar al obrero Antonio Roberto Cortés, un dirigente que ofició de armador político de la lista que le arrebató la conducción de la Uocra Tucumán,   las autoridades salientes denunciadas en esta causa:  Adrián Santillán ( ex Secretario General);  Roberto Lazarte (ex Secretario Adjunto), y Héctor Lazarte (ex Secretario de Organización y Asuntos Gremiales) quien planteó la situación ante el Ipvdu y dio lugar a que se inicie un expediente administrativo.

En declaraciones a La Gaceta, López preciso: “Estoy absolutamente seguro que la totalidad de las casas no fueron adjudicadas a trabajadores de la Uocra”. El letrado acompañó su denuncia con un listado de “587” viviendas que se habrían adjudicado como “Cupo Uocra”, las cuales se presume, se habrían vendido ilicitamente por a un valor estimado de $704 millones.