El secretario general de la Asociación Empleados Legislativos de Río Negro, Alejandro Gatica, reconoció el delito de administración infiel y abuso en perjuicio del Fondo para la Vivienda y Turismo Social constituido con fondos aprobados por la Legislatura y administrado por el gremio, y la Justicia de Río Negro lo condenó a tres años de prisión en suspenso. Además devolver al Estado 15 millones de pesos y pagar las costas del juicio.

Según explicó el portal local ADN Río Negro, Gatica fue acusado de ser autor de los hechos y la recuperación de más de 37 millones de pesos. Ahora, con esta condena la Fiscalía de Estado podría continuar el reclamo en sede civil. 

En el proceso judicial sobre las acusaciones de desvíos de fondos de autoridades del sindicato de empleados legislativos, el juez Marcelo Álvarez aceptó el procedimiento abreviado presentado por el Fiscal Juan Pedro Puntel, la defensa del acusado y el representante de la Fiscalía de Estado. Se le impusieron además pautas de conducta por tres años: fijar residencia, someterse al cuidado del patronato de presos y liberados y abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas.

El juez Alvarez también aceptó el pedido de la defensa de Stella Maris Sale, para acceder a la suspensión del juicio a prueba, medida a la que se opuso la acusación. La ex Secretaria de finanzas del gremio deberá reparar el daño pagando más de 2.700.000 de pesos al erario estatal, realizar tareas en un merendero y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia a presos y liberados.

La formulación de cargos a la totalidad de los imputados se había realizado en el año 2018 y luego de dos años de proceso judicial, en mayo de este año los primeros cinco imputados, a quienes le endilgaban la participación en tres de las once maniobras, ofrecieron en el marco de una suspensión de juicio a prueba la cesión al Estado provincial de cinco terrenos valuados en más de 12 millones.

La propuesta, a la que se le agregaba la realización de horas de trabajo comunitario en instituciones del Estado, fue posible al no contar los imputados con antecedentes penales, ni ser funcionarios públicos.

Según el mismo portal, un mes después, la pareja de Gatica y el hijo de ella, también considerados partícipes necesarios, ofrecieron el resarcimiento de seis millones y medio de pesos a las arcas del Estado provincial.

A su vez, otros dos empleados del gremio acusados de haber continuado cobrando cuotas una vez que el Fondo para la Vivienda y Turismo social estuvo inmovilizado, devolverán un millón y medio de pesos. Finalmente un quinto imputado que había presentado facturas apócrifas que fueron pagadas con dinero del mencionado fondo transferirá 40.000 pesos en un solo pago a la cuenta del erario público provincial.