Según el sindicato, la oferta de actualización salarial propuesta por la parte empleadora fue “muy insuficiente” y dejó en evidencia la intención de disolver la instancia paritaria.

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) se reunió esta semana con los representantes del sector empleador y funcionarios nacionales. En el encuentro, el gremio planteó la necesidad de un aumento salarial del 12% en dos tramos, buscando así ajustar los sueldos a la inflación actual. Sin embargo, la respuesta de la contraparte fue una oferta de solo un 3% de incremento hasta noviembre, una cifra que generó malestar y rechazo entre las trabajadoras.

Sonia Kopprio, líder del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén, calificó la oferta del 3% como una “burla” hacia las trabajadoras del sector. En declaraciones a Super Radio 96.3, Kopprio criticó duramente la postura del gobierno: “El Estado debería ser el primero en defender los derechos de las trabajadoras, pero con esta actitud solo demuestra su falta de compromiso”, enfatizó. Además, advirtió sobre la amenaza de una ruptura en el espacio de negociación: “Desde el Gobierno nacional instan a disolver nuestra Comisión de negociaciones salariales”.

El último incremento que obtuvieron las trabajadoras de casas particulares fue en agosto, con un ajuste del 4% que formaba parte de un acuerdo bimestral que acumulaba un 12,5%. Sin embargo, para la UPACP, este ajuste es insuficiente frente a la inflación creciente. Según el gremio, el salario básico de $321.000 mensuales por jornada completa de ocho horas no alcanza para cubrir las necesidades básicas de las trabajadoras, lo que profundiza la precariedad del sector.

Pese al difícil escenario, la UPACP mantiene una postura firme en la defensa de un salario digno para las trabajadoras de casas particulares. El gremio hace un llamado a continuar el diálogo con el sector empleador y el gobierno, con la esperanza de evitar un bloqueo total en las negociaciones y de asegurar que los derechos laborales de estas trabajadoras no se vean vulnerados en el contexto económico actual.