además de confirmar que impulsan ante la Cámara de Diputados un nuevo pedido de juicio político contra los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia por “abuso de autoridad”.

El gremio también se metió de lleno en la pelea entre el gobierno y los jueces del máximo órgano de justicia de la provincia, fijando posición y expresando a los ministros del STJ que “los agentes policiales son solo auxiliares del servicio de justicia y no acompañamos este constante no hacerse cargo de los problemas cargando las responsabilidades unos sobre otros ya que pareciera que a partir de desafortunadas declaraciones públicas de un ministro del STJ los agentes policiales no quieren acompañar mas en las diligencias a los compañeros oficiales de justicia”.

“En relación a los dichos de (Ricardo) Franco reproducidos en los titulares de todos los medios, que acusa a jueces de bancar a delincuentes, así es como se demuestra la real situación de sometimiento de parte de los jueces de menor instancia a la figura de los ministros, así es la vida cotidiana en un constante pisoteo a las leyes vigentes, evidencia clara de ello es el Reglamento Interno del Poder Judicial, fiel espejo del Reglamento militar”.

Larga lista

Si bien el principal punto de reclamo es el salarial existe una larga lista de reivindicaciones solicitadas no sólo por la Unión sino también por los otros dos gremios que están de paro (Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco y la Asociación Judicial del Chaco), peticiones que no han sido resueltas aún.

“De todos estos reclamos no hemos tenido ninguna respuesta concreta del Superior Tribunal de Justicia si no mas bien bromas de mal gusto, tal como lo consideramos al proyecto de modificación de Ley de Tasas enviado a la Cámara de Diputados, el cual no tuvo tratamiento en la sesión parlamentaria entendiendo que el mismo solo busca seguir recolectando pequeñas ofrendas y no resuelve para nada las cuestiones de fondo”, dijeron desde la Unión de Trabajadores Judiciales.

También recordaron que se suma el descontento generalizado por el proyecto de presupuesto enviado por el Superior a la Legislatura, el que no incluyó ninguno de los ítems que solicitaban los trabajadores judiciales para mejorar este servicio imprescindible para la sociedad. “Asimismo seguimos a la espera de la devolución de los haberes confiscados ilegalmente por el Superior Tribunal durante una lucha legítima realizada por los trabajadores judiciales el año pasado y nos preguntamos cual fue el destino de los casi diez millones de pesos expropiados a los compañeros, donde fueron depositados, en que cuenta, si generan intereses y quien es el titular”.

Son estas cuestiones y otras que la entidad gremial, patrocinada por el doctor Gustavo Müller, tuvo en cuenta para presentar un formal pedido de juicio político “por abuso de autoridad, incumplimiento de sentencia Nº 22, desconocimiento inexcusable del derecho, mal desempeño de la función pública, confiscación y expropiación de la propiedad privada, retenciones indebidas”.