Dirigentes gremiales que nuclean a los trabajadores de la administración pública anticiparon que insistirán con el pedido de incremento salarial. En diálogo con Radio Ancasti, la mayoría consideró que la negativa del ministro Ricardo Aredes es una respuesta de rigor frente al pedido generalizado de los trabajadores. También hubo coincidencia en que es necesario incrementar las asignaciones familiares que paga la Provincia, ya que el último incremento fue de 2006 y existe una brecha importante en relación con las que paga la Nación.

Los referentes gremiales ratificaron que la inflación "se comió" el incremento salarial que la gobernadora Lucía Corpacci otorgó en mayo de este año y que fue del 25 al 35%, según los distintos escalafones.

En declaraciones a este diario, el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes, dijo que en este momento la Provincia no evalúa otorgar ningún incremento salarial a la administración pública provincial. Admitió que se reciben las inquietudes de todos los sectores, pero en este momento la prioridad es analizar los incrementos presupuestarios que fueron solicitados por áreas como Salud, Seguridad y garantizar el pago de aguinaldos.

El médico Gustavo Perea Pereyra (ASPROSCA) entendió que "hay una puerta abierta al incremento" a partir del diálogo que la semana pasada mantuvieron con Aredes. Sin embargo, su reclamo apuntó a la crisis en el sector salud por la falta de insumos en hospitales y postas del interior. 

"La estrategia del Gobierno es dar un aumento salarial cuando llega un proceso eleccionario, eso es así. El problema en Salud es otro, es la falta de insumos y recursos humanos. La política de salud es perversa y corrupta", opinó.

Por su parte, el dirigente del sector Salud, Leonardo Burgos (ATSA), fue contundente al señalar que la negativa al incremento pone en riesgo la calma social. "Ellos dicen que no hay, nosotros diremos que hay necesidad, en eso nos tendremos que poner de acuerdo: o que no habrá más incremento o que no habrá más tregua, más tranquilidad, cualquiera de las cosas va a ocurrir", advirtió. "Se supone que las elecciones serán en marzo, con más razón ellos tendrán que tener una situación política calma. El trabajador reclama porque se perdió el poder adquisitivo del salario", manifestó Burgos, quien adelantó que tienen una reunión prevista para el 22 del corriente con el ministro Ricardo Aredes.

En tanto que el dirigente de UPCN, Ramón Álvarez, recordó que en el acta que se firmó en abril con el Gobierno se acordó que en octubre se reabriría la discusión por una mejora en ítems como presentismo, asignaciones familiares, recategorizaciones, pago por años de servicio, entre otras. "Los trabajadores nos exigen que tengamos una solución porque la canasta familiar ya no se puede sostener. Y lo van a tener que hacer porque la Municipalidad de la Capital ya lo hizo. Se necesita algún tipo de paliativo".

Álvarez agregó que el gremio también pidió una entrevista para escuchar algún ofrecimiento.

Por su parte, el dirigente que nuclea a los trabajadores del IPV, Raúl Sequeira, consideró que la respuesta del ministro es la de rigor ante este tipo de situaciones y por eso señaló que no tenía otra expectativa por parte de la gestión del FV. "En estos 3 años se viene repitiendo esta situación, con el agravante de que hemos sufrido una burla por parte del Gobierno cuando fue el anuncio de la conformación de una Comisión de Seguimiento Salarial; fue una puesta en escena que no funcionó nunca", manifestó.