Diego Lanese.

En el marco de la reciente asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que conmemoró el centenario de la entidad, se alcanzó el consenso necesario para firmar un convenio contra la violencia y acoso laboral, un avance que levó varios años de discusión entre gremios, empresas y gobiernos.

El acuerdo alcanzado permite el reconocimiento integral de los derechos de los trabajadores, que según los expertos va más allá de la cuestión de género, que tienen una importancia central. Además, protege a empleados en condiciones irregulares –los llamados trabajadores en negro –y extiende la protección más allá del lugar físico de trabajo. Desde la delegación argentina festejaron esta firma, y destacaron la importancia del mismo.

“Es un convenio fabuloso”, afirmaron. Además, remarcaron que el acuerdo ya está en vigencia en el país que es miembro de la OIT, y que si es ratificado por el Congreso tendrá rango constitucional. Hubo críticas a la postura empresarial durante el debate y la aprobación, ya que se retiraron del acuerdo. Un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma remarca que este es “un compromiso auténtico para luchar contra toda forma de violencia y acoso en el mundo del trabajo”.

El flamante Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo fue aprobado luego de tres años de discusión, y permite “la adopción de un instrumento que proteja a las víctimas de violencia y acoso en el trabajo, incluidas la violencia y acoso por razón de género”.

“Es un hito, no sólo porque se sanciona en el centenario de la OIT, sino porque incluye los convenios fundamentales del trabajo, pactos de Derechos Humanos, y avanza con una mirada amplia sobre quiénes pueden ser las víctimas de violencia o acoso”, analizó María Fernanda Boriotti, secretaria general de la federación médica FESPROSA e integrante de la comitiva argentina en la cumbre de la OIT.

En diálogo con Gestión Sindical, Boriotti dijo que uno de los logros conseguidos es que se habla de “mundo del trabajo”, es decir, que las situaciones de violencia y acoso pueden ser fuera del espacio físico laboral. “Es fundamental eso, sobre todo hoy que la tecnología hace que uno pueda seguir trabajando desde su casa, o en una capacitación, donde puede pasar esto”, remarcó. El convenio también incluye a los gobierno como responsables de cometer acoso y violencia”, agregó.

Si bien el convenio fue entendido como un avance en materia de igualdad de género, su aplicación es mucho más amplia, ya que incluye a “todos los grupos vulnerables”. “Uno de los ejes es ese, que va más allá de la cuestión de género, se suele pensar a las mujeres como las víctimas de estas prácticas, pero realmente el convenio amplía mucho más, e incluye migrantes, etnias, pueblos originarios, jóvenes y adultos mayores, y obviamente toda la diversidad de género, todos son incluidos como posibles grupos vulnerables”, describió Boriotti.

Otro de los puntos importantes destacado por la dirigente sindical es que los trabajadores incluidos “no son solo los formales, sino a todo tipo de empleado, el que está haciendo una pasantía, una changa, el que está en formación, en el caso de la salud pública los residentes, además el trabajo rural. Tienen una mirada muy amplia, que está explicitada y apoyada en otros pactos fundamentales. Es un convenio fabuloso”, sostuvo Boriotti.

Por su parte, el Observatorio del Derecho Social elaboró un informe donde analiza el acuerdo, y subrayó los puntos fundamentales para su futura aplicación. “El contenido de esta nueva norma internacional implica el reconocimiento de derechos y garantías del trabajador valorado integralmente. Es decir, no solo como un sujeto productor sino también como portador de los derechos de ciudadanía”, explicó el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

En ese marco, agrego el informe, es que el reconocimiento del “derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género conlleva necesariamente acotar el poder de dirección atribuido al empresario por los ordenamientos jurídicos para alcanzar los fines de la empresa”.

“El empleador tiene que ejercer las potestades y atribuciones derivadas de ese poder de dirección respetando el derecho a perseguir el bienestar material y el desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades” de los trabajadores”, remarcó el observatorio.

La norma asume “la extensión y gravedad de la problemática de acoso y violencia por razón de género y por ello destaca de forma expresa que la expresión ‘violencia y acoso’ en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

Durante la discusión, y en especial en la firma de este año, la postura de las empresas fue criticada por los gremios, ya que se abstuvieron de convalidarlo. “En Ginebra los grupos empresariales era ‘este convenio nos viene bien’, pero después se abstuvieron La posición el empresario siempre es que los convenios no le vayan a jugar en contra después, son ellos los que están presionando fuertemente para que el derecho a huelga deje de serlo”, remarcó Boriotti.

En la discusión, el sector empresarial pidió que se incluya a las empresas como posibles víctimas de acoso o violencia, algo que fue rechazado. Finalmente se incorporó la figura del empresario como posible víctima, lo mismo que personal jerárquico. Además, reclama a los Estados que generen “legislaciones que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.

Por último, en la Argentina el convenio ya tienen vigencia, según recordó Boriotti. “El convenio puede ser usado en el país por cualquier trabajador como una normativa internacional a la cual hacer referencia, los gremios debemos impulsar fuertemente para que el Congreso de la Nación ratifique el convenio”, enfatizó la dirigente de FESPROSA y la CTA Autónoma.

En este sentido, un grupo de diputados nacionales ya trabajan en esta tarea, para que se logre de forma veloz. “Cuando esto se logre, el convenio tendrá carácter constitucional”, cerró Boriotti. “El texto del Convenio aprobado da cuenta de un compromiso auténtico para luchar contra toda forma de violencia y acoso en el mundo del trabajo, disponiendo para ello de distintas medidas y procedimientos orientados a la vigencia efectiva de los derechos que reconoce”, concluyó por su parte el Observatorio del Derecho Social.