Según los gremios, esto genera un desfasaje del 15% entre la inflación real y la oficial, lo que oculta la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

"Hoy podemos demostrar que el Indec utiliza una metodología de cálculo desactualizada. El gobierno no se atreve a modificarlo porque develaría que la inflación es mayor que la publicada", advirtieron en un comunicado firmado por La Bancaria, Aceiteros y ATE, entre otras 36 organizaciones sindicales.

Según los datos oficiales, la inflación de enero fue del 2,2%. Sin embargo, los gremios aseguran que, si se utilizara una canasta actualizada, el índice habría alcanzado el 2,8%. "No es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios o sin ellos, o el impacto de los alquileres con aumentos anuales pautados que con incrementos 'libres' cada tres meses", plantearon.

La falta de actualización en la medición de la inflación no es un tema menor. Desde hace años, la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo) refleja cambios en los hábitos de consumo que no se ven reflejados en el cálculo del IPC. A modo de comparación, la ponderación de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en el índice del Indec es del 14,5%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires le otorga un 17,43%. "El mayor peso de los servicios públicos y el alquiler en el gasto hogareño es evidente, pero no se refleja en la medición oficial", sostuvieron.

Además, los sindicatos alertaron sobre el impacto directo de esta situación en los ingresos de los trabajadores. "Este método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años", afirmaron. En ese sentido, recordaron que el salario mínimo, vital y móvil sigue muy por debajo del monto necesario para cubrir una canasta básica que garantice alimentación, vivienda, salud, transporte y esparcimiento. Según estimaciones sindicales, para no ser pobre, un trabajador debería percibir un ingreso mínimo de $1.900.000 mensuales.

El reclamo de los gremios también apunta a la falta de transparencia en las mediciones oficiales. "Tenemos los datos, las causas que explican la diferencia entre la realidad y el dibujo oficial, y el veredicto de la mayoría de la población que comprueba mes a mes que no son ciertos los números que se comunican oficialmente", concluyeron.

Mientras el gobierno celebra la desaceleración de la inflación, los trabajadores denuncian que las cifras oficiales no reflejan la crisis que golpea sus bolsillos. La exigencia es clara: una medición más realista que no oculte el deterioro del poder adquisitivo y el impacto de los aumentos en servicios y alquileres.