La falta de un mayor acuerdo en las paritarias y el impulso a varias leyes de flexibilización laboral empujó a varios dirigentes de gremios estatales de las CTA y las CGT, algunos con grandes diferencias entre sí, a unirse en contra del gobierno de María Eugenia Vidal. Ayer 20 organizaciones anunciaron que el jueves próximo realizarán una masiva marcha en la capital bonaerense.

“Dispuestos a avanzar en la lucha contra el ajuste, un amplio abanico de gremios estatales movilizará a la Legislatura provincial y a la Gobernación el día 19 de mayo, contra el ajuste en la provincia, en defensa del salario, de la fuente laboral, contra las leyes de Emergencia Administrativa y Modernización Tecnológica, por plena vigencia de las paritarias y por un Estado al servicio de las mayorías de los bonaerenses”, informaron.

La fecha propuesta intenta poner freno al proyecto de Ley de Emergencia Administrativa que habilita al Poder Ejecutivo a renovar al personal contratado sin las garantías laborales comunes. Ese día, el bloque de Cambiemos intentará sancionar la iniciativa solicitada por la gobernadora Vidal.

La Emergencia administrativa contempla un tipo de contrato que “no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación laboral de dependencia. Una vez operado su vencimiento, el contratado deberá finalizar las tareas a su cargo sin derecho a remuneración adicional alguna”.

Ayer, los gremios apelaron a la sensibilidad de los legisladores del Frente Renovador, aliados del oficialismo, para que no apoyen la ley como sí lo hicieron en el Senado. La única forma de frenar la aprobación del proyecto luego de que el bloque del Frente para la Victoria (que formalmente se dividirá en 3 fuerzas en los próximos días), como primera minoría, adelantara su rechazo.

Los gremialistas esperan un llamado del massismo para conversar sobre el proyecto en un plenario de comisiones de asuntos Constitucionales y Presupuesto, prometido por el presidente de la Cámara Baja, Jorge Sarghini.

En el anuncio estuvieron presentes Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires; Roberto Baradel, secretario general de Suteba; Renee Cruz, vicepresidente de la FEB; Miguel Díaz, secretario general de Udocba; Marcelo Balcedo, secretario general de Soeme; José Fernández, secretario adjunto de Sadop; Agustín García, secretario gremial de AJB; Francisco Torres, secretario de organización de la Federación Nacional Docente; Sergio Cessini, secretario gremial AMET; Jorge Goldmann, secretario gremial de Aemopba; Srillant Idelmar, presidente Supttioma; Nicolás Masi, secretario general Sipoba; Santiago Etchemendi, secretario general de la Comisión Gremial del Bapro; Roberto Solano, presidente de Asoma; Juan Berón, secretario general de Conductores de Taxi; Juan Cataldo, secretario general AMRA; Federico Casas, FULP. Durante el encuentro promovido por ATE recibieron la adhesión y participación a la movilización de los médicos de Cicop.

De todos los convocados, los únicos que acordaron con el Gobierno bonaerense en la primera paritaria del año fueron los docentes del Frente Gremial Docente, que encabezan Suteba y FEB. Esa paritaria podría reabrirse dentro de 50 días si se comprueba una inflación que lo amerite, según acordaron.

Por cuerda separada, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Gremios de Estatales y Particulares de la provincia (Fegeppba), ambas organizaciones en distintos sectores de la CGT, también se unieron pero a través de una carta enviada al Gobierno provincial y para reclamar “la urgente equiparación y actualización de las asignaciones familiares al régimen e importes recientemente determinados en el orden nacional”.