Mendoza se encamina a un Estado con empleados de calidad, lejos de los acomodos políticos y más cerca de tener agentes realmente idóneos.

Esto es así porque el viernes pasado dos gremios de Administración Central, ATE y UPCN, acordaron con el Gobierno un nuevo régimen de concursos. Y se espera que antes de fin de año esa condición, para ingresar al Estado y para ascender, sea una realidad.

Algunos sindicalistas consideraron el hecho de “histórico”. Y hasta se extrañaron de que la noticia no hubiera tenido mayor trascendencia.

Tal vez la pelea con el Ejecutivo por haberles impuesto el certificado de Libre Deuda en ATM haya sido el motivo. De todos modos, en los dirigentes sindicales hay ánimo de festejo.

En la reunión del viernes unos y otros acordaron aprobar las modificaciones a la Ley 7.970, de Concursos.

Los cambios permitirán “agilizar” el sistema. Pero fundamentalmente aplicarlo. Y en el Gobierno se entusiasman con la idea de que, además de la Administración Central “le pueda servir a cualquier otro sector”. Así lo estimó el subsecretario de Gestión Pública, Ulpiano Suárez.

“Es un régimen que al menos yo busco desde hace 15 años, pero que ATE reclama de mucho antes” contó Roberto Macho, titular de ese gremio. “Hacía falta para promover la carrera del empleado de la Administración Central. Se termina el ingreso ‘a dedo’”, celebró Gustavo Luna, de UPCN.

Quizás la mayor coincidencia entre Gobierno y gremios sea la intención de hacer más ágil el sistema. Aunque en el Ejecutivo también resaltan la austeridad del nuevo formato.

Específicamente, lo acordado modifica la ley vigente desde 2009, que en la práctica nunca se aplicó. Esa norma, de noviembre de 2008, enmarcaba los concursos con la homologación de las paritarias 2007.

La tarea implicó “entre 30 y 40 modificaciones consensuadas con los sindicatos”, indicó Suárez, que recordó que trabajan “desde marzo” en el tema.

Entre esos cambios está la creación de una comisión “de concurso” formada en partes iguales por 4 funcionarios y 4 sindicalistas, 3 por el gremio mayoritario y 1 por el minoritario (antes sólo había un representante gremial).

“Este formato es menos costoso. Esa comisión no demandará pagos extras a funcionarios”, explicó Suárez, que confirmó que a los sindicalistas “sí se les pagará un adicional”.

Por otro lado se eliminó la comisión “de notables”, que había sido planteada para seleccionar al personal idóneo.

Aunque sí habrá otra comisión -también planteada antes- de “evaluación aptitudinal”, que otorgará el “apto” al concursante que supere el examen (para abaratar costos, sólo los que aprueben pasarán por ella).

Y en el caso de quienes aspiren a responsabilidades con personal a cargo, habrá un equipo de psicólogos que verificarán su aptitud (abarcará 10% del total del puntaje).

También habrá capacitación para todos los agentes. Y el examen, que buscará “ser lo más transparente posible”, se mostrará apenas dos horas antes de que los aspirantes rindan.

Tras el acuerdo, resta que la Legislatura homologue el acuerdo. Eso podría suceder “la semana que viene” según infirió Suárez, ya que antes el gobernador Alfredo Cornejo, debe darle el visto bueno. Esto sucederá en estos días.

Cabe recordar que el año pasado se inició un concurso de diez cargos jerárquicos en la Administración Central, que finalizó en abril pasado.

En los gremios dicen que podría haber antes diciembre, “150 concursos de ascensos y 50 de ingreso”. En el Gobierno no arriesgan números.

“Lo que se acordó es que se realice al menos un concurso de ascenso por año. Los de ingreso se darán en la medida de que exista necesidad”, destacó el subsecretario Suárez.

Siguen las demandas por el “libre deuda” de ATM

La tregua que puede significar el nuevo régimen de concursos no mengua el enojo gremial por la exigencia del Ejecutivo de que los agentes públicos presenten el certificado de Libre Deuda en ATM.

Ayer Sitea presentó un “pedido de inconstitucionalidad” del decreto 1.267/17 que emitió Cornejo requiriendo esa condición para mantener contratos o adicionales. “Se torna un acto antidemocrático en su formación e ilegal por lo persecutorio, discriminatorio propio de otras épocas donde en el país reinaba la intolerancia”, escribieron.

Así acompañaron similares acciones de Ampros y por ATE. Éste último incluso planteó además una cautelar para frenar el decreto.