“Nunca nos citaron de la comisión de Hacienda y Presupuesto, jamás fuimos convocados. Nunca hablamos con los diputados porque no nos convocaron, ni siquiera tuvimos acceso al proyecto antes que se trate”, aseguró la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Graciela Aranda, en declaraciones a RADIO CIUDAD. “Desde el vamos fue público nuestro rechazo a pesar de que no teníamos algo escrito, algo expreso como un proyecto de ley, que no llegó nunca a nuestras manos”, aseveró.

“A nosotros, representantes de los trabajadores, jamás nos han convocado. Por lo tanto no puede ser consensuado cuando ni siquiera tuvimos oportunidad de discutir o analizar el proyecto”, advirtió Aranda, con respecto a las declaraciones de la titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Mirta Morel, quién afirmó que el aumento salarial del 25 por ciento en tres tramos aprobado para el Poder Judicial este miércoles se había “acordado” con los sindicatos de trabajadores judiciales.

“Es más que nada una imposición. En esta etapa de la democracia, donde tiene primar un diálogo serio, responsable, y escuchar fundamentalmente a los trabajadores que son los que elaboran y desarrollan el trabajo, es lamentable esta falta de respeto, de voluntad de buscar soluciones consensuadas”, recalcó la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco. Y agregó: “las autoridades obligan, imponen, sin dejar margen de diálogo, de discutir o analizar el tema”.

“En plena democracia, dónde quedamos con las paritarias de las que se habla, del diálogo del que se habla. Es lamentable”, concluyó Aranda.

Bernard: “Es una falacia de Morel que el aumento fue acordado”

Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales de Chaco, Walter Bernard, aseguró que “es una falacia por parte de la presidente de la comisión de Hacienda, no fue acordado de ninguna manera ni con el Superior Tribunal ni con los gremios”. Señaló además que desde ese sindicato se plantearon “otras alternativas a esa recomposición, si se quiere coyuntural y general para toda la provincia, las alternativas son adicionales”. Ratificó el paro de este jueves y viernes y anunció que el próximo martes se realizará una asamblea de delegados para definir los pasos a seguir.

“En otras oportunidades hemos planteado la modificación o reforma de la ley de tasa de justicia como recursos genuinos para el Poder Judicial, sobre lo cuál no hemos tenido respuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo”, sostuvo Bernard. Y agregó que “también hay un compromiso para la firma de un convenio para equiparar los salarios a la Nación, que reclamamos desde hace años, y todo quedó en cartera”.

El secretario general de la UTJCh advirtió que cuando la inflación anual se está estima cercana al 40 por ciento “plantear así, en forma arbitraria y autoritaria, cuando nos llaman a conciliaciones obligatorias y nos ponen trabas de todas las formas y tipos posibles para no discutir en definitiva con la clase trabajadora”.

Bernard consideró que el jefe de la bancada de diputadas justicialistas “con mala voluntad, arrogancia y chusmerío, realizó declaraciones en detrimento de la clase trabajadora judicial”. Y aseguró que “esa necedad con la que se mueven conlleva a una confrontación con la clase trabajadora judicial”.

“Nosotros planteamos no solamente ley de enganche sino adicionales generales para el Poder pero sin diferenciación de magistrados y funcionarios de los empleados. Acá lo que pretende el diputado Sánchez y otros que nos han planteado montos en negro y por el otro lado hablan de desenganchar a los jueces de los trabajadores, es la división del Poder Judicial”, denunció el secretario general de la UTJCh.

Por último, reclamó que “discutamos con madurez y seriedad como lo venimos haciendo en la mesa de política salarial del Poder Judicial pero esta seudo recomposición autoritaria no contempla de ninguna manera el deteriorado salario judicial que ya tenemos como consecuencia del congelamiento salarial que hemos tenido durante las dos últimas décadas. Somos el Poder Judicial peor pago del país”.