Por: Mariano Martín.

Al cumplirse 45 años del último golpe de Estado dos sindicatos acudieron a la Justicia para constituirse como querellantes en sendos juicios en los que se investiga la complicidad de empresarios en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Los planteos fueron presentados en los expedientes contra exdirectivos de la yerbatera Establecimiento Las Marías, de Corrientes, y de la siderúrgica Acindar, en Villa Constitución, y constituyen una novedad si se tiene en cuenta que desde el retorno de la democracia apenas media docena de gremios pidieron participar en expedientes para impulsarlos, pese a que se calcula que 60% de los desaparecidos eran trabajadores.

La investigación del capítulo civil de los delitos cometidos entre 1975 y 1979 (los denunciantes incluyeron el último período de Isabel Martínez de Perón) es uno de los ítems más rezagados del reimpulso que tuvieron los juicios contra los criminales de lesa humanidad desde 2012. En algunos expedientes, incluso, las estructuras sindicales aparecen más como sospechosas que como víctimas de las acciones represivas de la dictadura. Las presentaciones de los últimos días fueron hechas por la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) y la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

El martes, el secretario general de la FTIA, Héctor Morcillo, se presentó ante el juzgado federal de Paso de los Libres para pedir la incorporación del gremio como querellante en una causa contra Adolfo Navajas Artaza, expresidente y nieto del fundador de Las Marías, en la que se indaga sobre la responsabilidad del empresario en la privación ilegítima de la libertad de al menos seis operarios -dos de ellos permanecen desaparecidos- en la localidad de Gobernador Virasoro. Lo hizo con el patrocinio legal de los abogados Jorge Olivera y Rodrigo Olivera Mansilla.

La presentación apunta contra Navajas Artaza, quien llegó a ser interventor militar de Corrientes en la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, como supuesto cómplice en “la detención de la cúpula gremial, la militarización y el hostigamiento” contra los trabajadores de la compañía. Las víctimas de la persecución fueron los exoperarios Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena, en tanto que continúan como desaparecidos Nery Pérez y Marcelo Peralta, también dirigentes de la FTIA.

Navajas Artaza había sido desprocesado en un primer juicio desarrollado en Corrientes en 2018, en el que también fue absuelto el único imputado que llegó a juicio, el exinterventor militar de Gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel. La presentación de la FTIA apunta a reabrir el expediente respecto del expresidente de Las Marías.

En el caso de Acindar, la presentación de la UOM Villa Constitución -una seccional históricamente ligada a las corrientes más combativas del gremio metalúrgico- ante la Justicia de Rosario busca establecer el grado de complicidad de las autoridades de la firma en la “desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y cualquier otro (delito) que resultare de la investigación” respecto de varios trabajadores que tuvieron activismo sindical entre 1975 y 1979, es decir que abarca acciones de presunto terrorismo de Estado a cargo del gobierno de Isabel Perón. Los imputados son Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, exdirectivos de Acindar y sindicados como partícipes necesarios de 40 privaciones ilegales de la libertad y ocho homicidios agravados.

En los relevamientos de los organismos de derechos humanos aparece apenas un puñado de gremios como impulsores de procesos contra empresarios por su rol en la represión a trabajadores de esas organizaciones. Entre ellos, la Federación Aceitera (Ftciodyara) contra Molinos Río de la Plata; el sindicato de azucareros del Ingenio Ledesma contra Carlos Pedro Blaquier; la confederación docente Ctera por el caso Isauro Arancibia, y el gremio del subte Agtsyp por el accionar en el centro clandestino de detención Puente 12.