Diego Lanese.

La semana pasada, el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a darle forma al proyecto que impulsa entre otras cuestiones el pago escalonado de salarios de los estatales porteños. La iniciativa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se denomina “Ley de Emergencia Económica y Financiera”, y le entrega al jefe de Gobierno entre otras atribuciones reasignar partidas, suspender contrataciones e incentivar el pago de tributos, además de prohibir nuevas designaciones y aumentos de cargos hasta fin de año, con la excusa de hacerle frente a la crisis producida por la pandemia por coronavirus. Pero para los gremios de la Capital Federal, la propuesta lo que hará es darle “súper poderes” al funcionario, y así poder pagar en cuotas salarios y otras obligaciones.

Mientras el bloque de Juntos para el Cambio apresta las manos necesarias para aprobar la propuesta, las organizaciones sindicales, sociales y políticas preparan protestas para intentar frenar la iniciativa.

Un informe elaborado por diversos sectores denuncia que la propuesta atenta “contra los salarios de pobreza” del sector público, en un contexto donde la deuda en la Ciudad aumentó en los últimos tiempos.

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— UTE (@utectera) May 5, 2020

El proyecto de Rodríguez Larreta denominado 818-J-2020 busca a partir de la declaración de la “emergencia económica y financiera” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permitirle una serie de atribuciones al jefe de Gobierno, sobre el presupuesto, las contrataciones, la vigencia de las leyes, los impuestos e incluso el sueldo de la planta estatal, ya sean docentes, municipales o estatales de otras áreas. “Estamos totalmente en contra de este tipo de propuestas, que no son más que un intento de ajuste sobre los salarios de los trabajadores”, sostuvo un dirigente de la CTA de los Trabajadores, que encabeza el rechazo.

En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente confirmó este jueves “el oficialismo podría intentar aprobar el proyecto, por lo cual estamos analizando acciones de protesta”. Gremios docentes, estatales e incluso del subte enrolados en la central obrera ya manifestaron su rechazo a la propuesta del oficialismo, y pese a la cuarentena están analizando cómo realizar protestas el día del tratamiento. “Por el momento pensamos en una movida en redes sociales, pero vamos a seguir hablando con las organizaciones”, adelantó el mismo dirigente.

Desde el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires trabajan para conseguir los votos, y si bien el Frente de Todos adelantó que no está de acuerdo con la propuesta, se sigue negociando esta semana. Durante la presentación, el propio Rodríguez Larreta presentó el proyecto y argumentó que se trata de “una salida a la crisis producida por la abrupta caída de la recaudación por la parálisis de la actividad económica”. Además, ese mismo día se anunció la donación “voluntaria” del 25 por ciento de los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía tras un acuerdo alcanzado con los poderes legislativo y judicial. No sólo los gremios rechazaron la propuesta del gobierno porteño.

La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota ante la Legislatura porteña para que se permita la realización de una auditoría especial de este proyecto. Con la firma de su titular Mariana Gagliardi, la entidad manifestó su compromiso por lograr la correcta administración de los recursos y su convencimiento de que “la intervención temprana de la AGCBA posibilitará la detección de potenciales desvíos, mayor transparencia y confianza en los ciudadanos”.

En tanto, una serie de organizaciones realizaron un análisis del proyecto de Rodríguez Larreta, para conocer sus alcances en distintos ámbitos. El informe realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y otras organizaciones alerta que la iniciativa efectivamente permite “el pago escalonado o diferido de haberes de sus nóminas salariales, priorizando a las personas que perciben menor remuneración”.

“Se está atacando exclusivamente a los salarios ya de pobreza de los y las trabajadoras estatales, docentes y de los municipales en general, mientras no se afecta la propia deuda pública de la Ciudad que ha crecido, no se tocan los intereses de los bancos radicados en la ciudad, ni de las corporaciones que amasaron enormes fortunas con la especulación inmobiliaria y los negociados en la Ciudad”, denunció el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical. Para estas entidades, con la propuesta “se3 privilegian los intereses de los ricos a costa de la pobreza del pueblo trabajador”.

La semana pasada, los gremios de las dos CTA (autónoma y de los Trabajadores), emitieron un documento reclamando el rechazo de la propuesta. La carta, dirigida a los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, lleva la firma de Alejandro Gianni (CTA Autónoma) y Eduardo López (CTA de los Trabajadores), considera “inadmisible que se otorgue al poder Ejecutivo la facultad de pagar escalonadamente los salarios y producir despidos de hecho en los sectores precarizados del empleo público mediante la suspensión o no renovación de contratos”.

Es necesaria de parte de la Legislatura porteña la aprobación de leyes que impongan gravámenes a los sectores de mayor capacidad contributiva que continúan con grandes ingresos y ganancia aún en tiempos de aislamiento social preventivo obligatorio. Las entidades bancarias y financieras, las empresas de juego online, las aseguradoras, las apps vinculadas al reparto a domicilio son todas actividades que lejos de ver disminuida su facturación, la aumentarán”, insistieron.

Por eso, propusieron que el Estado porteño procure “una política tributaria que, afectando una parte ínfima de esas grandes empresas, asegure los recursos sanitarios, preventivos y económicos para atender a los sectores más vulnerables de la Ciudad y evitar los cierres de pequeñas empresas y la pérdida de fuentes de trabajo”. El documento fue apoyado por todos los gremios estatales de las entidades, incluyendo los trabajadores del subte, que si bien no están alcanzados por el posible pago escalonado rechazaron la política implementada por el gobierno porteño.