Por: Ignacio Cagliero.

Diversos gremios se reunieron este miércoles en la plaza San Martín, frente a la sede de gobernación, para manifestarse “contra el ajuste”. Entre las consignas de la jornada aparecen la defensa del salario y las jubilaciones, la pelea contra la precarización laboral, y la defensa de la salud y la educación pública. “Creemos que hay que analizar el salario en profundidad y ver cómo recuperamos poder adquisitivo, porque es una pérdida que venimos acarreando de hace varios años”, expresó Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario y la regional rosarina de la CTA Autónoma, en declaraciones a Rosario/12.

La movilización comenzó pasadas las 10 de la mañana, donde un buen número de trabajadores y dirigentes gremiales se reunieron con intención de debatir distintas propuestas, en torno al contexto económico, político y social del país en general, y de cada uno de los sectores presentes en particular. Participaron referentes de ATE Rosario, docentes e investigadores universitarios nucleados en COAD, trabajadores del Conicet Rosario, profesionales de la salud agrupados en SIPRUS, y también diversos gremios del sector privado.

La convocatoria tuvo como objetivo que los distintos sectores puedan compartir perspectivas respecto a distintos temas que giraban en torno a los convenios colectivos y la precarización laboral, las respuestas colectivas que pueden dar los distintos espacios ante la desocupación, la educación y la salud pública, la reforma laboral que se viene anticipando desde distintos espacios políticos y el estado del sistema previsional.

“Si bien veníamos con distintas luchas, el resultado de las PASO aceleró un proceso de debate sobre la situación actual que vivimos los trabajadores, que es de pérdida salarial”, explicó Almirón y agregó: “Hoy la canasta familiar excede los 400 mil pesos y los salarios están al 50% de ese monto. Los gobiernos dieron por cerrada la negociación paritaria y creemos que tendría que haber una revisión, más allá de la discusión del bono”.

En ese marco, la dirigente señaló que el gremio de los trabajadores estatales está “alerta y movilizado”, pero además trabajando en unidad con distintas entidades sindicales para relevar los reclamos de cada uno de los sectores y definir las medidas a seguir. “Es importante una jornada provincial donde podamos exigir a este gobierno que arbitre todos los medios para resolver la situación de fondo de los trabajadores y trabajadoras”, advirtió.

En tanto, Gustavo Terés, secretario adjunto de la CTA Autónoma Rosario, consideró que se trató de una jornada de “reflexión”, en el marco de una instancia de lucha contra el ajuste a los trabajadores. Pero que también se inscribe dentro de un debate político donde los trabajadores quieren manifestar su mirada.

“Los trabajadores tenemos algo para decir en este debate político electoral. Y lo queremos decir desde la autonomía que nos da representar a los trabajadores. Por eso nos posicionamos en contra de la famosa modernización laboral que están proponiendo los candidatos. Creemos que es un modelo regresivo, y que las reformas laborales tienen que ser siempre para ampliar derechos, no para cercenar. Los trabajadores no somos un costo social”, describió a este medio.

En esa línea, Terés consideró que se debe plantear una agenda de defensa del sector en las calles: “Hay una parte importante del movimiento obrero que está paralizado y que se preocupa más en ver cómo hacen que pierda un candidato. Me parece que si el movimiento sindical sale a denunciar el ajuste de este momento histórico, también crea mejores condiciones a los colectivos laborales para enfrentar las políticas que se vienen, que van a ser muy duras”.

Docencia y salud

En representación de los docentes, Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafe Rosario, reclamó la reapertura de la paritaria para que los salarios recuperen poder adquisitivo. “El gobierno nacional lanza el bono dando una respuesta de emergencia después de la devaluación. Lamentablemente el gobierno provincial insiste con que hay un acuerdo firmado, desconociendo el salto de los precios en agosto y septiembre”, cuestionó.

Ante ese escenario, el dirigente reclamó a la conducción provincial del gremio la convocatoria a una asamblea para definir los pasos a seguir. “Tenemos una cantidad cada vez mayor de compañeros debajo de la línea de pobreza”, comentó a Rosario/12. Y agregó: “Necesitamos una recuperación importante ahora, que vaya al básico, que eso recupere las escalas, y que a partir de ahí se garantice la cláusula gatillo todos los meses para que el salario, casi como una sombra, siga los niveles de inflación”.

Asimismo, Casiello también mostró su preocupación por el escenario electoral donde desde distintos sectores se plantean “políticas absolutamente regresivas” contra los trabajadores: “Dicen sin tapujos que van a avanzar sobre los derechos jubilatorios y que es necesario una reforma laboral. Pero también ponen en cuestión la educación y la ciencia pública. Todo eso es parte de un debate que nos preocupa y mucho”.

En tanto, este miércoles los profesionales de la salud nucleados en SIPRUS se movilizaron frente a la delegación local del Ministerio de Salud (Rioja y Laprida) bajo la consigna de defender la salud pública. Desde el sector reclaman que el gobierno provincial pague el bono de 60 mil pesos anunciado por el gobierno nacional y que se aplique la cláusula gatillo mensualmente. Asimismo, pidieron que se apruebe la “ley de excepción” que propone el pase a planta de aquellos trabajadores profesionales que tengan más de 40 años y se hayan recibido hace 10 años.

Luego del reclamo, los dirigentes del gremio se trasladaron hasta la plaza San Martín para sumarse al encuentro intersindical. “Queremos ser parte de las movilizaciones porque es necesario seguir poniendo el cuerpo y estar preparados para seguir afrontando el ajuste y la defensa de la salud como derecho”, declaró a este medio María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).

Según las estimaciones del gremio, un profesional de la salud con un cargo testigo debería estar cobrando alrededor de 420 mil pesos. “Estamos bastante más abajo. Y el aumento que se daba en agosto, que es el que cobramos ahora en septiembre, ya está absorbido por el proceso devaluatorio. Así que no podemos afrontar lo que sigue con las pautas que se acordaron previos a una devaluación”, sentenció.