Integrantes de la UGA habrían de solicitar un embargo contra las cuentas municipales por más de un millón de pesos, hecho que alcanzaría además a Arroyo, el Secretario de Hacienda Hernán Mourelle y el Secretario de Gobierno , Alejandro Vicente a quienes consideran “responsables solidarios” por lo cual solicitarían que la medida judicial alcance el salario del Lord Mayor y sus secretarios.

Esta situación sería el desenlace del  ilegal incumplimiento voluntario de la manda judicial por parte del Jefe Municipal  del pago de una multa dineraria luego de la demanda iniciada por la Unión de Guardavidas Agremiados, ha llevado a la Municipalidad a deuda, al día de la fecha, de aproximadamente $ 1.117.000.

La causa tuvo su origen en el mes de diciembre de 2014 y se dio “en el marco de una situación paupérrima en lo que respecta a las condiciones laborales en las que nos desempeñábamos los guardavidas municipales desparramados en el sector de playa que va desde el puerto de la ciudad de Mar del Plata hasta el límite sur de nuestro partido con el de General Alvarado, (ubicado a la altura del Arroyo “Las Brusquitas”) dijeron ante “el Retrato…”, el Secretario General de UGA, Luciano Grimaldi y el apoderado judicial, doctor Facundo Valdez quien impulsa la causa.

Remarcaron que “hoy el monto de la multa sigue creciendo día a día gracias a la desidia de las autoridades municipales quienes seguramente pensaban que no serían ellos con su propio patrimonio, quienes deban afrontar la multa que en definitiva se liquide en el proceso judicial de mención, la que correrá hasta que el municipio cumpla acabadamente con una resolución que no hace más que proteger a los ciudadanos, turistas y visitantes de nuestras playas en general”.

Recordaron ante “el Retrato…” que “oportunamente  promovimos una Acción de Amparo (Juzgado de Garantías el Joven N° 1 expediente nro. 08-00-000008-14) en pos de mejorar las condiciones de trabajo de los guardavidas dependientes de la Municipalidad de General Pueyrredón y de contar con los elementos necesarios para salvaguardar no solo la vida de los trabajadores involucrados, sino también la de todas y cada una de las personas que concurren al mencionado y más que extenso sector de playa”

Como consecuencia de lo mencionado, en fecha 14 de abril de 2015, la jueza Patricia Alejandra Gutiérrez (Juzgado de Garantías del Joven Nro. 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata), hizo lugar a la Acción de Amparo promovida por la “Unión de Guardavidas Agremiados” contra la Municipalidad de General Pueyrredón, “por haber omitido ésta, sin fundamento admisible y de manera manifiesta, arbitraria e ilegal el cumplimiento de lo normado por el Decreto 27/89, la Ordenanza Municipal 14.269 y demás normativa involucrada, tal como se reclamara al promover la acción ya referida”.

En la señalada resolución, la Dra. Gutiérrez ordenó a la Municipalidad de General Pueyrredón a que en lo sucesivo y antes del comienzo de la temporada que seguía (2015/2016), arbitre los medios necesarios para el fiel, adecuado y completo cumplimiento de la normativa relacionada a no solo las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo de los guardavidas municipales del sector mencionado, sino también a la provisión de los elementos de seguridad y rescate con los que resulta indispensable que trabajen (el Municipio fue condenado con costas a su cargo).

Acotaron Grimaldi y Valdez que “En fecha 21 de abril de 2015, la Municipalidad de General Pueyrredón apeló la resolución receptiva del amparo, disconformándose de la orden judicial que no hacía más que mandarla a cumplir con una ordenanza dictada por el propio municipio infractor”, accionar que fue rechazado “y a los a los pocos días adquirió firmeza la sentencia originalmente dictada (también se condenó en costas al Municipio).

Reconocieron que “durante la última temporada de verano (2017/2018) el municipio solo ha cumplido en un mínimo porcentaje con los deberes jurídicos impuestos” en la resolución judicial  dictada por la Dra. Gutiérrez, El municipio condenado, solo proveyó de botiquines, banderas, roscas y algunos pocos carreteles y sogas a nuestros afiliados guardavidas; casillas, tarimas, torpedos, equipos de comunicación, camillas, botes, etc. siguen aún brillando por su ausencia, no obstante habérsele cursado al municipio, notificación que instaba tanto al cumplimiento de la sentencia como a su acreditación en el expediente.

Hicieron saber además que “a esta altura de los acontecimientos y habiéndose generado también una Investigación Penal Preparatoria (IPP Nro. 22.530/17 – Fiscalía de Delitos Económicos Nro. 10 del Departamento Judicial Mar del Plata) por la aparente comisión del Delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Falsificación de Documentos por parte de quienes resultan funcionarios del gobierno municipal”, denunciando además que “los guardavidas de Mar del Plata nos encontramos sufriendo fuertísimas presiones, todas tendientes al ocultamiento y abandono de los procesos judiciales que por este medio damos a conocer en su existencia.

Por último consideraron importante “hacer pública esta situación ante la ciudadanía, para que conozca de nuestro proceder y del accionar imprudente y desfachatado de nuestras autoridades (Intendente, Secretario de Gobierno y Secretario de Hacienda)”, para anunciar que “desde la “Unión de Guardavidas Agremiados” intentaremos se las sancione en su patrimonio y/o remuneraciones mediante las medidas cautelares del caso, ello, al solo efecto de que no sea la población en general mediante el pago de tasas y demás contribuciones, quien deba hacerse cargo de tan lamentable e ilegal accionar de nuestras autoridades, las que no hacen más que demostrar no estar a la altura de las circunstancias”.